El Estado despliega una ofensiva total contra el desafío independentista

Mariano Rajoy reaccionó con dureza dialéctica y mesura jurídica a la convocatoria del referéndum. Lanzó una seria advertencia a Carles Puigdemont: «Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada» para evitar la votación el 1 de octubre. Pero se guardó balas legales en coherencia con su idea de proporcionalidad en la respuesta. En la Generalitat, al menos de puertas para afuera, ni se inmutaron, denunciaron que sufren «un estado de sitio encubierto» implantado por el Gobierno de España y siguieron enfrascados en lo suyo, en este caso la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, pero preocupados por las dudas de Ada Colau para que Barcelona coopere en la consulta.

Tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer, Rajoy intentó enviar un mensaje de tranquilidad, «sobre todo a los catalanes», y puso todo su empeño en ser convincente: «No habrá referéndum de autodeterminación». El Constitucional le dio la razón horas después al bloquear la convocatoria. Después de las 24 horas de convulsión vividas en el Parlamento de Cataluña, que tuvieron su continuación ayer con el debate de la ley de transitoriedad jurídica hasta la proclamación de la república catalana, el jefe del Ejecutivo puso toda la carne en el asador para garantizar que todo será papel mojado.

El presidente del Gobierno detalló que la Abogacía del Estado presentó ayer cuatro recursos ante el Constitucional, a los que habría que sumar el incidente de ejecución de sentencia presentado ayer contra la admisión a trámite de la ley de referéndum por la Mesa del Parlament, el mismo procedimiento se siguió ayer con la ley de transitoriedad. Pero sobre todo quiso ser la cara visible del Estado en la ofensiva total que ha puesto en marcha contra las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Puigdemont y el Parlamento de Cataluña. El Gobierno en distintos frentes, la Fiscalía y el Constitucional entraron ayer en acción.

Arropado por el respaldo sin fisuras de los líderes del PSOE y de Ciudadanos, Rajoy mostró su rostro más áspero con los independentistas, a los que prometió usar en su contra todo el arsenal político y legal que tiene. «No menosprecien la fuerza de la democracia española», avisó el presidente del Gobierno que, insistió, está decidido a utilizar «todo» el instrumental jurídico a su alcance. «Incluido -precisaron en la Moncloa- el artículo 155 de la Constitución». Las fuentes recalcaron que a eso se refería con lo de «hacer todo sin renunciar a nada». Hasta ahora, el recurso a esta disposición constitucional era un tabú en el discurso oficial. Como todavía lo es el recurso a la fuerza en momentos extremos, un planteamiento que no se aborda ni como hipótesis, pero «todo se andará», dijo un alto cargo del PP.

La carta enviada a los 947 alcaldes de Cataluña es otra prueba de que el Gobierno no va a dejarse nada en el tintero. En la misiva se recuerda a los regidores que no pueden colaborar con la consulta so pena de incurrir en delito por vulnerar la Constitución y el Estatuto catalán. Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado amenazó con querellas criminales y peticiones de cárcel para los cargos públicos del rango que sea que cooperen con la consulta del 1 de octubre. El Constitucional, a su vez, admitió los cuatro recursos planteados por el Gobierno contra la ley del referéndum, la convocatoria de la consulta, las normas complementarias de la votación y la sindicatura electoral, lo que implicó su paralización ni 24 horas después de haber sido aprobadas.

Una respuesta que no sorprendió lo más mínimo en la Generalitat, que además trató de aprovecharla para denunciar «la opresión» de España sobre Cataluña. El portavoz gubernamental y consejero, Josep Turull, declaró que estas medidas evidencian que existe «un estado de sitio encubierto», un argumento no utilizado hasta ahora para compactar las filas secesionistas. Toda la batería de iniciativas legales, prosiguió el consejero, «no altera nada» los planes de Puigdemont y las fuerzas soberanistas. «Ya puede tronar, nevar o hacer mucho viento», que la consulta del 1 de octubre se llevará a cabo, se mostró convencido Turull.

Pero la impasibilidad del Ejecutivo de Puigdemont ante la respuesta del Estado también camufla una preocupación, la respuesta de los alcaldes a la carta que enviaron ayer el presidente y el vicepresidente de la Generalitat para que colaboren en la consulta. No tanto porque la contestación vaya a ser negativa, algo muy improbable por la mayoría de regidores son soberanistas, sino por la postura que adopte la alcaldesa de Barcelona. Hasta el momento, Ada Colau ha tenido una posición poco definida, como la de su partido, Catalunya en Comú, con el proceso soberanista.

Una negativa de la regidora de la capital catalana a colaborar con la cesión de locales municipales para la celebración de la consulta sería una estocada para los planes de la Generalitat. Colau, para desesperación de los soberanistas, mantiene la incertidumbre y gana tiempo ante la carta de la Generalitat, texto que ha puesto en manos del secretario del Ayuntamiento para que analice la legalidad de facilitar locales públicos para la votación del 1 de octubre.

Un referéndum con baja participación en Barcelona, donde residen dos millones de personas, no pasaría de ser una votación casi centrada en localidades del mundo rural. Sobre todo porque los alcaldes de Tarragona y Lleida, ambos socialistas, anunciaron ayer que no permitirán la colocación de urnas en sus instalaciones.