Rajoy indigna a la oposición con un decreto que modifica 26 leyes

El Gobierno desató ayer la ira y la indignación de todos los grupos de la oposición al imponer al Congreso la ratificación mañana en un debate exprés del real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes por el que modifica de una sola tacada hasta 26 leyes e introduce 47 medidas, entre ellas la posibilidad cerrar o privatizar aeropuertos, que afectan a ocho ministerios.

«Secuestro» del Parlamento, uso «caciquil» de la mayoría absoluta, «abuso», «violación de la división de poderes» y hasta «muerte de la democracia» fueron algunos de los calificativos con los que los grupos opositores sin excepción rechazaron no solo la fórmula del real decreto, que consideran que debería haberse fragmentado en múltiples leyes y debatido y tramitado con tiempo y por separado, sino lo que entienden un ninguneo al Congreso. Los portavoces contarán con entre quince y dos minutos, según el tamaño de los grupos, para analizar y opinar sobre uno de los paquetes de reformas más ambicioso y extenso de la legislatura, que, además, no podrá ser enmendado salvo que la mayoría popular autorice su tramitación posterior como proyecto de ley, cosa que al final ocurrirá.

Todos los grupos consideraron, en resumen, que Mariano Rajoy, en un abuso de la fórmula del real decreto, solo reservado para asuntos de «extraordinaria y urgente necesidad», agrupó la batería de temas para hurtar al Congreso su labor de control y enmienda de las leyes del Gobierno y evitar las críticas de los múltiples debates parlamentarios si los hubiese remitido como decenas de proyectos de ley conforme al procedimiento ordinario. También creen que decidió la ratificación parlamentaria a la carrera, sin tiempo de que los grupos estudiasen las medidas con detenimiento.

El decreto de la polémica, a lo largo de 178 páginas, establece marcos para la privatización de aeropuertos, activa el plan de empleo joven, entrega a los registradores la gestión del Registro Civil, aprueba el impuesto de depósitos bancarios, reduce las retenciones fiscales a las pymes, da libertad de horarios comerciales a una decena de ciudades, o regula el uso de drones, entre otras muchas «medidas urgentes», que, dice, están destinadas al «crecimiento, la competitividad y la eficacia».

El afecto inmediato fue que toda la oposición coincidió en que «la prepotencia» del Ejecutivo de Rahoy y el abuso de la mayoría absoluta del PP, acompañado de la casi ausencia de debate parlamentario, desautorizan, restan toda credibilidad y dejan en papel mojado las propuestas de Rajoy para alcanzar el próximo otoño un pacto de regeneración democrática, transparencia y lucha contra la corrupción, con medidas como la elección directa de alcaldes o la reducción del número de aforados.

IU y UPyD adelantaron que, tras ver hoy el verdadero interés del Gobierno en la revitalización de la vida parlamentaria, se desligan de cualquier acuerdo de este tipo, el PNV animó al resto de grupos a boicotear mañana el debate no participando en la votación, y el PSOE avisó de que si el Gobierno no acepta tramitar el decreto como proyecto de ley para que pueda ser debatido y enmendado, lo recurrirá ante el Constitucional. Al final no hizo falta porque el Gobierno aceptó tramitarlo como proyecto de ley, pero solo después de que se apruebe el paquete mañana en el Congreso.

Gobierno y PP no solo se mostraron en total desacuerdo con las quejas de la oposición sino que indicaron que tras su actitud solo hay una excusa para no admitir la bondad de las reformas y la falta de ganas de entrar en un trabajo tan farragoso en los últimos días de actividad parlamentaria.

«Cobardía parlamentaria»

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, habló de «cobardía parlamentaria». «Para no reconocer que son medidas positivas se escudan en que les molesta el procedimiento», dijo, antes de defender la fórmula del real decreto por la gran urgencia de poner en marcha unas reformas que favorecen la salida de la crisis. «El Gobierno hace esto porque el tren de la recuperación solo pasa una vez y hay que actuar con urgencia», justificó en igual sentido el portavoz del PP, Alfonso Alonso. Uno y otro dijeron que la fórmula es idéntica a la que usó el PSOE en 2010 para aplicar los primeros recortes presupuestarios y a la que nadie, el PP tampoco, puso problemas para su tramitación. «La única difererencia es que este es un decreto para bien y aquel para mal», matizó sarcástico Alonso. Será la vicepresidenta quien pida mañana a la cámara la ratificación de la ley.

Alonso, pese a lo escuchado, emplazó especialmente al PSOE a lograr en septiembre un pacto para la regeneración democrática, que hoy parece imposible de que prospere.