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HÉCTOR BARBOTTA
MARBELLA.
Sábado, 11 de enero 2020, 00:04
El Ayuntamiento de Marbella ha interrumpido el procedimiento abierto para conceder una parcela municipal a los Testigos de Jehová para la construcción de un centro de culto. Lo ha hecho mediante un decreto firmado por el concejal delegado de Patrimonio, Félix Romero, tras estimarse varias alegaciones presentadas en su momento por vecinos a título individual, una sociedades con intereses inmobiliarios en la zona, la comunidad de propietarios de la urbanización y los grupos municipales del PSOE, Izquierda Unida y Costa del Sol Sí Puede (Podemos)
La mayor parte de las alegaciones presentadas en el procedimiento y que han sido estimadas hacen referencia a la calificación del suelo afectado como de uso educativo y a las necesidades de los vecinos de la zona.
El decreto, firmado el pasado 23 de diciembre y al que ha tenido acceso este periódico, recuerda que la concesión de suelo público no es un derecho exigible a la administración y que en el ejercicio de sus competencias, el Ayuntamiento puede valorar de manera discrecional los intereses y opiniones de colectivos y vecinos de manera individual y considerar que sus intereses prevalecen ante el interés del solicitante.
En ese sentido, de todas las alegaciones presentadas en el plazo de información pública el concejal de Patrimonio no ha tenido en cuenta las que aludían a supuestos defectos de forma en el procedimiento, sino a las que subrayaban las necesidades educativas de la zona afectada y en concreto de una guardería.
De las alegaciones presentadas por la sociedad La Finca de Marbella Río Real SL, se tomó en consideración la que aludía a que no se había fundamentado de manera suficiente que no existen necesidades educativas en la zona que justificaran que la parcela no se destinara a ese uso específico. En esa alegación, se asegura que los motivos a los que se aludía para justificar el cambio de uso era la escasez de población demandante de una guardería, ya que en su momento una licitación para la construcción de un centro educativo de esas características había quedado desierta. Sin embargo, según el escrito, en los diez años transcurridos desde entonces se produjo un importante desarrollo residencial en la zona con escasa reserva de suelo para equipamiento, por lo que las condiciones demográficas cambiaron y con ellas la demanda de servicios públicos.
En el mismo sentido, la alegación de la Comunidad de Propietarios de Marbella Río Real, también admitida en el decreto firmado por el edil de Patrimonio, subrayó que en documento municipal del año 2008 se justificó la agrupación de dos parcelas de la zona por la demanda social existente y el interés en la ejecución de una guardería que diera servicio a las urbanizaciones situadas al oeste de la urbanización El Pinar II, donde la población era muy elevada y existía carencia de equipamientos. Diez años más tarde, cuando la población se ha incrementado significativamente y la guardería es aún más necesaria -señala la Comunidad de Propietarios- el Ayuntamiento cambia de criterio e infringe la «doctrina de los actos propios y los principios de la buena fe y confianza legítima en la actuación de las administraciones públicas», señala la alegación que ha sido admitida.
En un sentido similar se dirigieron las alegaciones presentadas por los grupos políticos que fueron tomadas en cuenta. Las de Izquierda Unida señalaban la necesidad de equipamientos públicos en la zona por la fuerte expansión urbanística, la calificación de equipamiento escolar de la parcela y la circunstancia de que el suelo debe destinarse al uso previsto en el Plan General.
De las presentadas por el Grupo Municipal Socialista, se tuvo en cuenta la que hacía referencia a que la demanda social en el área donde se pretendía otorgar la concesión no es la implantación de un templo en suelo educativo y que la parcela afectada «es perfecta para construir una guardería municipal, de la cual carece el entorno».
La interpuesta por Costa del Sol Sí Puede también se refería a las necesidades de la zona y las carencias de equipamientos, especialmente educativos.
El expediente para la cesión de la parcela de uso educativo a la confesión religiosa se inició en marzo de 2016, cuando en Marbella aún gobernaba la alianza tripartita compuesta por el PSOE, Izquierda Unida y Opción Sampedreña (OSP). Fue precisamente el edil de esta última formación, Manuel Osorio -que en aquel gobierno estuvo al frente de la Delegación de Hacienda y Patrimonio, responsabilidad en la que siguió tras la moción de censura del verano de 2017-, el que dio los primeros pasos nueve años después de que en el Ayuntamiento se recibiera una petición de los responsables de la confesión religiosa para la cesión de suelo donde construir una sede.
Esta petición fue recibida en el Ayuntamiento el 16 de enero de 2007, pero no fue atendida hasta el 1 de marzo de 2016, según consta en documentación municipal. El expediente iniciado entonces fue denominado proyecto «Nuevo Salón del Reino» y afectaba a la cesión de una parcela de 2.200 metros y propiedad municipal en el paraje Río Real de la urbanización El Pinar. El solar está compuesto por 2.000 metros de suelo clasificado para uso educativo y otros 200 metros destinados a uso social. Al desistirse de continuar con el procedimiento, la concesión del suelo no se realizará.
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