«Prácticamente todos los delitos contra la Administración Pública»

Las irregularidades detectadas durante la instrucción del caso, señala el auto dictado ayer, no se circunscribe solamente a los aprovechamientos urbanísticos, sino también a la contratación administrativa y en materia de financiación de partidos políticos, lo que apuntaría, según el juez, a un delito de malversación de caudales públicos. El instructor señala que las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Estepona durante el periodo 2003-2008 son constitutivos de «prácticamente todos los delitos contra la Administración Pública» del Código Penal.

Así, se detectaron adjudicaciones a dedo de las que se beneficiaban entidades recién constituidas o cuyas ofertas eran las menos ventajosas para el Ayuntamiento o mediante «pantominas para guardar las apariencias». También figuran convenios en los que se infravaloraban los aprovechamientos en perjuicio del Ayuntamiento y una práctica de enchufismo sistemática.

Sobre los empresarios investigados, todos ellos con intereses urbanísticos en la ciudad, se advierten, según el juez, posibles delitos de cohecho, entre otros, por haber accedido a pagos exigidos por el Ayuntamiento para no ver frustrados sus intereses.