El dueño de chiringuito solicita aplazar la demolición hasta después del verano

Los trabajadores del chiringuito La Antigua, situado en la playa de El Saladillo, temen quedarse sin trabajo justo cuando empieza la temporada alta. El Ayuntamiento de Estepona ha ordenado la demolición del inmueble el día 12 de mayo porque el propietario está incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio. Abundan que el local «ocupa ilegalmente una parcela municipal, una zona de dominio público marítimo terrestre y una zona de tránsito».

Los propietarios, de nacionalidad francesa, alquilaron la parcela hace 11 años y lo adquirieron hace tres. Actualmente tienen empleados a 27 trabajadores y en verano la plantilla se refuerza hasta llegar a los 57 trabajadores.

El Ayuntamiento de Estepona ha explicado que el establecimiento no cuenta con ningún permiso de ocupación de las parcelas, ni abona canon por explotar estos suelos públicos. Además inició un expediente de disciplina urbanística en 2012 contra esta ocupación ilegal y desde entonces ha intentado, «sin éxito, que el propietario regularizase la situación».

Daniel Romero, gerente del chiringuito y portavoz de la propiedad, comenta que los dueños tienen recurrido el derribo en los juzgados y no se explica cómo el Ayuntamiento puede ejecutarlo sin tener la resolución judicial.

«En otros municipios cuando se producen casos de órdenes de demolición ordenadas por la Demarcación de Costas es el ayuntamiento el que apoya a los chiringuitos; pero aquí es al contrario», se lamenta el gerente.

Puestos de trabajo

Romero sostiene que el propietario se ha comprometido a demoler el inmueble en octubre cuando concluya la temporada alta. «Estamos dispuestos a derribarlo nosotros mismos y volver a reconstruirlo en la zona que sea legal. Pero que nos dejen acabar la campaña de verano», reclama el portavoz.

Según los trabajadores, el chiringuito recibe una media de 800 clientes al día.

«No nos pueden echar ahora, justo cuando vamos a reforzar la plantilla. Somos muchas las familias que vivimos de este chiringuito. Es injusto» comenta Romero que reprocha al alcalde de Estepona, José María García Urbano, «que se le llene la boca hablando del fomento del empleo y aquí hace todo lo contrario».

La concejala de infraestructura, Ana Velasco ha aclarado que el equipo de gobierno «no está por destruir empleo sino por cumplir la legalidad y no queremos perjudicar a estas familias», y advierte que el propietario ha tenido cinco años para legalizar la situación.