Intervienen 30.000 boletos de lotería ilegal en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados de Estepona

La Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, dentro de las actuaciones que viene desarrollando contra el juego ilegal, han intervenido en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) en Estepona un total de 30.000 cupones, organización que estaban dirigida por un matrimonio y su hija y contaba con 16 vendedores.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha explicado que esta intervención es fruto de las investigaciones desarrolladas desde principios del año pasado destinadas al control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para rifas con premio en metálico sin autorización administrativa.

El registro de la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados se desarrolló el pasado 31 de marzo. Los agentes intervinieron, además de los boletos que tienen un valor facial de 60.000 euros, documentación de contabilidad y bancaria relacionada con la distribución y venta de lotería.

De la información y el material incautado en la sede de la OID en este municipio se desprende una recaudación anual aproximada de 416.000 euros  

Ruiz Espejo ha destacado, en una nota remitida por la Delegación del Gobierno de la Junta, que a lo largo de 2016 la Unidad de Policía adscrita la Junta intervino en la provincia malagueña 178.165 boletos de loterías fraudulentas, el 58% de los 305.424 confiscados en toda Andalucía.

Asimismo, el cuerpo de Policía adscrito a la Junta de Andalucía llevó a cabo un total de 342 inspecciones el pasado año en la provincia de Málaga para atajar las prácticas de juego ilegal en sus diferentes modalidades. Como consecuencia de estas inspecciones se levantaron un total de 555 actas de denuncia.

Además, la Unidad de Policía adscrita realizó 1.035 inspecciones en máquinas recreativas, instruyó 59 denuncias, precintó 80 de ellas y decomisó 95. Por otro lado, los agentes decomisaron en sus actuaciones 7.784 euros procedentes de estas prácticas ilegales.

La sanción prevista oscila entre los 10.001 euros y los 300.000 euros, no pudiendo ser inferior al quíntuple de la cantidad defraudada cuando se aprecie fraude.

Además, el delegado del Gobierno ha recordado que estos sorteos no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que aumenta el beneficio que los organizadores obtienen por su celebración. Por tanto, esta actividad ilegal supone un fraude para la Hacienda Pública y una competencia desleal para las organizaciones debidamente autorizadas y que cumplen sus obligaciones tributarias.