Ayuntamiento de Estepona y afectados por el ERE logran los primeros acuerdos para evitar juicios

Después de cuatro años en los que los 174 afectados por el ERE realizado en el Ayuntamiento de Estepona en 2012 estuvieron embarcados de forma colectiva en una demanda a través de los sindicatos. El fallo final del Tribunal Supremo dio la razón al Consistorio y esa sentencia abrió las puertas a los juicios individuales. Los tres primeros casos debían pasar por el juzgado en los próximos días, pero según explicaron fuentes municipales, se han logrado acuerdos previos a la celebración de estas vistas.

Estos pactos se fundamentaron en el acuerdo entre ambas partes de mejorar la indemnización legal del despido colectivo ya percibido en cinco días por año trabajado, sin que les reste nada más por reclamar al Consistorio. En el momento de la decisión extintiva en julio de 2012 fue puesta a disposición de los demandantes una indemnización por un importe equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades.

En el momento en el que se realizó el ERE, el Ayuntamiento esgrimió que las causas objetivas que justificaron esta necesidad de reducir la plantilla fueron de naturaleza económica y organizativa.

Según las mismas fuentes, esas causas se derivaron de la obligación legal de reducir en seis millones de euros el gasto de personal para cumplir el principio de estabilidad presupuestaria exigido por ley, y que estaba permitiendo al Ayuntamiento hacer frente a las deudas heredadas de anteriores equipos de gobierno, que se cuantificaron en 300 millones de euros en 2011, y a la prestación de más servicios e inversiones para la localidad.

Proceso judicial

La demanda colectiva se empezó a juzgar en 2012, en donde el TSJA ya dictaminó ajustado a derecho el ERE del Ayuntamiento. Los sindicatos recurrieron ante el Tribunal Supremo, alegando la falta de una prueba pericial que podría cambiar el fallo. Esta cámara en 2014 determinó que se debía repetir el juicio para poder incorporarla.

En 2015, el TSJA volvió a reproducir este caso, consiguiéndose el mismo resultado que cuando se juzgó en 2012. Los sindicatos volvieron a recurrir al Tribunal Supremo, quienes en noviembre de 2016 dictaron sentencia firme a favor del Ayuntamiento de Estepona.