Estepona pondrá en marcha los planes de empleo de la Junta sin aplicar el convenio

En los próximos meses, Estepona podrá poner en marcha los planes de empleo tramitados por la Junta de Andalucía. Su implantación estuvo comprometida en los últimos meses después de que el TSJA diera la razón a un empleado contratado por el Ayuntamiento de Málaga en 2015, que pedía cobrar su sueldo bajo el convenio colectivo del Consistorio. En el caso de Estepona, el Consistorio decidió aplicar estos planes ya que considera que esas contrataciones temporales se pueden realizar sin aplicar esas condiciones.

La concejala de Personal, Pilar Fernández-Fígares, explicó que tras el estudio de informes técnicos y resoluciones judiciales, la legislación que regula la contratación en la administración pública permitía no aplicar el convenio colectivo a los empleados temporales si el objeto de los contratos es favorecer la inserción laboral de personas que se encuentran en paro.

Bajo esas condiciones que se apuntarán en los contratos, el Ayuntamiento empezará próximamente a tramitar los 241 puestos temporales que prevén las subvenciones promovidas por la Junta de Andalucía con fondos de la Unión Europea.

Fernández-Fígares aclaró que con esta medida, se evitarían reclamaciones judiciales como las de Málaga y de esta forma, que el Consistorio tuviera que realizar desembolsos no planificados.

Además, la responsable municipal apuntó que las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para los planes de empleo no son suficientes desde el punto de vista económico para atender las cláusulas del convenio colectivo del Ayuntamiento, por lo que necesitaban acogerse a esta fórmula jurídica para poner en marcha la iniciativa.

La aplicación del convenio en estos contratos temporales podrían disparar los gastos de Personal. Los dos planes de empleo previstos por la Junta en Estepona tienen una cuantía de 1,6 millones para contratar a personas en paro, pero según la edil, la aplicación del convenio supondría que el Ayuntamiento tendría que desembolsar hasta 2,9 millones de euros.

Informes

Fernández-Fígares defendió esta decisión basándose en unos informes técnicos del área de Hacienda en los que según afirmó, se exponía que cualquier desembolso no planificado en el presupuesto o un incumplimiento importante en alguna de las previsiones de ingresos «puede conllevar la vuelta a la inestabilidad presupuestaria y, por tanto, la obligatoriedad de nuevos planes de saneamiento y ajuste».

Esta alternativa será trasladada la próxima semana a la mesa de negociación con la secciones sindicales del Consistorio como paso previo a que se permita que estos planes se puedan desarrollar en la ciudad. La concejala aseguró que la inaplicación de cláusulas salariales del convenio colectivo por decisión del Ayuntamiento estaba basada en causas objetivas y puede ejecutarse de forma excepcional.