Barrientos admite la ilegalidad de la adjudicación de contratos de obra menor en Estepona

Durante el gobierno del socialista Antonio Barrientos en Estepona, desde 2003 hasta 2008, el Ayuntamiento autorizó contratos presuntamente irregulares y a dedo a empresas para realizar obras cuando deberían haber salido a concurso. Así lo afirmó el propio exregidor ante el juez el pasado 1 de diciembre, día en el que fue a declarar por primera vez desde su detención en 2008. Fue entonces cuando estalló mediáticamente el caso 'Astapa', una causa que estudia supuestas conductas corruptas en el Consistorio.

Según la declaración de Barrientos, a la que ha tenido acceso este periódico, después de que el juez le mostrara un contrato de obra menor estudiado en la causa, el exalcalde afirmó que la ilegalidad de ese documento «era palpable». Entonces explicó que el contrato se dividía en partes «para facilitar la adjudicación del mismo a la entidad que con carácter definitivo fue la adjudicataria». Pese a ello, matizó que esos contratos los firmaban las delegaciones pertinentes y el no tenía constancia de esa práctica.

La complejidad de esta investigación, que lleva casi diez años en instrucción, reside en las ramificaciones de este caso, que se centran en gran parte en el estudio de si la firma de convenios urbanísticos servía para el enriquecimiento personal de miembros del Ayuntamiento o empresas particulares.

Barrientos ratificó que en su tiempo de alcalde, el no delegó la concejalía de Urbanismo en ningún edil «por deseo de la Ejecutiva regional, el presidente Chaves y su propio partido». Además, aseguró que su mandato en este área se basaba en la coordinación con tres personas: la concejala de IU Victoria Domínguez, el edil del PES Pedro López, y la socialista y persona de confianza del alcalde, Patricia Rojo.

«En todos los expedientes que he firmado era especialmente vigilante en los que venían de la delegación de Urbanismo ya que tenía dos filtros, como lo eran Patricia Rojo y Francisco Alberto Damián, otra persona de mi confianza», detalló Barrientos.

A raíz de las preguntas que el fiscal realizó sobre la realización de convenios de planeamiento urbanístico, el exalcalde explicó que se firmaban a modo de contraprestación por la propiedad de los terrenos. Además, Barrientos detalló que esa contraprestación se fijaba en el 20 por ciento de la edificabilidad, pero que era una práctica generalizada en todas las corporaciones de España.

Valoración de terrenos

El fiscal intentó profundizar en la forma de valorar estos terrenos, algo que Barrientos explicó que lo hacían los peritos según sus criterios. Además, añadió que al no haber monetización de aprovechamiento urbanísticos, los técnicos municipales no tenían la obligación valorarlo. Sin embargo, en las preguntas sobre los convenios de aprovechamiento urbanístico, salió el nombre del arquitecto Xavier Witmeur, también implicado en esta investigación, y encargado de realizar numerosas valoraciones en terrenos.

Barrientos aseguró que encargaba los estudios a este profesional debido a su preparación académica y que tenía «buena referencia en comparativa» ya que los terrenos de Parque Central, que el exregidor consideraba «la joya de la corona» se valoró en 2003 en 180 euros el metro cuadrado, mientras que Valle Romano lo estaba en 200 euros» por este arquitecto.

Precisamente el fiscal insistió en la valoración de la urbanización de Valle Romano, y preguntó a Barrientos cómo sabían los promotores el precio del metro cuadrado antes que Witmeur hiciera el estudio de estos terrenos si esos valores no eran negociables. En ese caso, el exalcalde responsabilizó a su teniente de alcalde, el concejal del PES José Ignacio Crespo, matizando que ese había sido uno de los pocos convenios de aprovechamiento que no había firmado él.

Esta promotora también está investigada por las obras realizadas en la casa particular de Barrientos. El juez buscaba comprobar la procedencia del dinero con la que se abonó esta construcción. El investigado afirmó que debido a desavenencias con un familiar tuvo que recurrir a un albañil de su confianza para acabar los trabajos, y el resto de las obras realizadas por Valle Romano fueron abonados «en efectivo y con dinero sacado del banco.

La instrucción de Astapa empezó a avanzar con un final marcado a mediados de 2017 con el llamamiento a hacer declaraciones ampliatorias a diversos investigados desde comienzos de este mes, como fueron la mano derecha de Barrientos, José Flores, los socios de Valle Romano y otros empresarios.