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LEANDRO PAVÓN
Viernes, 2 de diciembre 2016, 00:47
Más de ocho años habían pasado desde que el exalcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, acudiera por última vez a declarar ante el juez por su presunta relación en el caso Astapa, una causa que investiga las posibles tramas corruptas que durante su mandato se produjeron en el Ayuntamiento de este municipio. Tras pasar seis meses en prisión preventiva y esperar más de un lustro para declarar ante el juez, el antiguo regidor estuvo respondiendo a las preguntas del juez y del fiscal anticorrupción durante ocho horas.
Tras la maratoniana jornada de declaraciones, Barrientos explicó que había contestado a todas las preguntas realizadas, e hizo especial énfasis en el episodio que investigaba si su patrimonio se había visto enriquecido en esos años.
En concreto, el exregidor aclaró que estaba a la espera de presentar un dictamen pericial que discutiría el informe presentando en su día ante el juez sobre su propio patrimonio. «Este deja mucho que desear y es muy poco riguroso. En cuanto lo tenga se lo entregaré a su señoría y me pondré a su disposición. Cuando en un informe así vienen datos de un banco que no se ajustan a la realidad, uno no se puede fiar de él», apuntó.
El inicio de esta causa fue la investigación del presunto uso de convenios urbanísticos infravalorados para conseguir financiación para los partidos que gobernaban desde 2003 a 2008 -donde están involucrados PSOE y PES-. A este respecto, Barrientos afirmó que había dejado muy claro ante el juez todos los detalles por los que le había preguntado, sin entrar en más detalles sobre esas cuestiones.
Durante toda la jornada, tanto el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona como el fiscal anticorrupción estuvieron cuestionando a Barrientos sobre expedientes administrativos relativos a la contratación de servicios municipales, a sanciones, a asuntos relativos con el urbanismo y sobre los convenios firmados en esos años.
Por otra parte, Barrientos hizo una petición formal ante el juez para que dejara de investigar a su madre, de 86 años, a la que se acusa de tener una parcela recalificada y por la que se le acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
En los 700 tomos con los que cuenta ya el caso Astapa, a Barrientos se le acusa de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Él es uno de los más de cien investigados en esta causa, que también estudia la participación en esta trama de otros miembros de su equipo de gobierno y de empresarios tanto locales como de ámbito nacional.
Citación
Durante la jornada de ayer también estaba citado el que fuera mano derecha de Barrientos en su gobierno: José Flores. El entonces jefe del gabinete del alcalde y hoy aún técnico de Cultura del Ayuntamiento de Estepona tenía previsto declarar a las 17.00 horas, una circunstancia que fue imposible ya que el exregidor salió de los juzgados a las 20.00 horas.
En los próximos días pasarán otros cinco investigados dentro de una ronda de citaciones en las que el juez pidió una declaración ampliatoria de lo que ya se recogió en el momento de sus detenciones. Estas llamadas se produjeron ya que la instrucción del caso entró ya en su recta final, diez años después de que se iniciaran las primeras pesquisas policiales y nueve años desde el comienzo del trabajo judicial.
El proceso de instrucción podría alargarse todavía hasta mediados de 2017, ya que el juez pidió en abril de este mismo año que se declarara la complejidad de esta causa y de esta forma, poder aplazar su finalización un año y medio.
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