El Supremo da la razón al Ayuntamiento de Estepona en el ERE que efectuó en el año 2012

Después de cuatro años de litigios, el juicio por el ERE efectuado en el Ayuntamiento de Estepona en 2012 dio ayer carpetazo a la demanda colectiva presentada por los 174 despedidos en el proceso. El Tribunal Supremo ratificó la decisión que ya tomó el TSJA hace cuatro años y que comprendía ajustada a derecho la decisión tomada por el Consistorio para cumplir con el plan de ajuste.

En concreto, El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo confirmó fallo del juzgado andaluz «que había declarado ajustada a derecho la decisión de despido colectivo por concurrir causas económicas y organizativas, absolviendo al Ayuntamiento demandado de las pretensiones deducidas en su contra».

Esta era la segunda vez que el caso pasaba por el Tribunal Supremo. Después de que los despedidos perdieran el caso en el TSJA, recurrieron a este órgano que en 2014 ordenó repetir el juicio al considerar que había «indefensión». Entonces aludieron que no se había aceptado una prueba pericial que podría ser determinante en el fallo del tribunal y que fue propuesta por CCOO. Sin embargo, el TSJA volvió a repetir la misma sentencia.

Después de que el TSJA se ratificara en 2015, la plataforma que aglutina a los 174 despedidos volvió a recurrir al Supremo, que tras un año de espera dictaminó desestimar las denuncias contra Ayuntamiento. Sin embargo, el proceso no terminará con este fallo, ya que los afectados que quieran seguir judicializando su despido empezarán a interponer demandas individuales para su readmisión.

Reducción de seis millones

Tras conocer la sentencia, el Ayuntamiento explicó que las causas que motivaron el ERE fueron de naturaleza económica y organizativa. En este aspecto, estas fuentes municipales aseguraron que tenían la obligación legal de reducir en seis millones de euros el gasto de personal para cumplir el principio de estabilidad presupuestaria. Esa operación, según apuntaron, permitió hacer frente a las deudas heredadas de anteriores equipos de gobierno, que se cuantificaron en 300 millones de euros en 2011.

Junto a este impositivo legal, desde el Consistorio afirmaron que la reducción en el gasto en Personal había facilitado llevar a cabo el Plan de Pago a Proveedores articulado por el Gobierno central, que abonó facturas impagadas por el anterior equipo de gobierno socialista, durante el periodo 2008-2011, y que sumaban más de 66 millones de euros.

Desde la primera sentencia favorable al Ayuntamiento, los despedidos habían pedido la readmisión en sus puestos para evitar el desembolso que el Consistorio tendría que realizar en el caso de que el fallo final fuera negativo para ellos. En la última reunión entre sindicatos y responsables municipales, el Ayuntamiento afirmó que un informe de Intervención mantenía que la situación económica del Ayuntamiento seguía siendo delicada y no se podía estudiar la readmisión de los afectados.