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Leandro Pavón
Martes, 11 de octubre 2016, 00:43
La mañana de ayer fue de prisas y alborotos en el Ayuntamiento de Estepona. Tras meses de espera, el borrador del convenio que habían acordado tanto el Consistorio como la Junta de Andalucía para desbloquear la construcción del Centro de Alta Resolución (CHARE) llegó a manos municipales. Hacía cinco años que el gobierno andaluz rescindió el contrato con la constructora, y desde entonces la Corporación había intentado reflotar el proyecto. Para ello, ayer el pleno dio autorización al alcalde para que realizase la firma y de esta forma, aprobar su contenido.
Durante la sesión extraordinaria convocada con tan sólo tres horas de antelación, el regidor, José María García Urbano, aclaró que aún no se había recibido la fecha de la firma, pero que después de trasladar la aprobación del texto, «se conocerá en poco tiempo».
El convenio fija que será el propio Ayuntamiento quien se encargaría de costear la construcción del centro. Para ello, el pleno aprobó hace algunos meses reservar las partidas necesarias para la viabilidad de este proyecto hasta 2019, fecha en la que se prevé que el CHARE esté completo. Por su parte, la Junta se compromete en este documento a poner en funcionamiento este equipamiento tras su finalización.
Además, otra de las condiciones para llevar a cabo la edificación del hospital, es que el Ayuntamiento tendría que ejecutar el proyecto elaborado por la Junta aprobado en 2008, aunque deberá ser revisado en próximas fechas. El presupuesto que entonces se marcaba era de 17,7 millones, una inversión que se realizará en varios años: un millón para este ejercicio, seis millones en el de 2017, otros seis en 2018 y 4,7 millones de euros en 2019.
Cofinanciación
Antes de la votación plenaria, García Urbano dejó abierta la posibilidad de retomar la última de las opciones que se barajaron antes de lograr el convenio con la Junta de Andalucía. Ésta era la cofinanciación del proyecto con otras entidades. En 2015, antes de las elecciones municipales, tanto como la Diputación de Málaga como la Mancomunidad, los ayuntamientos de Manilva, Casares y Benahavís, y un inversor privado, ofrecieron fondos para ayudar a su construcción. «Tenemos que conocer si siguen interesados en seguir apoyando esta iniciativa y en buscar la fórmula legal que permita esta colaboración», explicó.
La urgencia de la convocatoria del pleno causó malestar entre los miembros de la oposición. Tanto el portavoz de IU, Valentín Berrocal, como la de Costa del Sol Sí Puede, Rosario Luque, criticaron la forma de convocarlo al tener que dejar sus ocupaciones laborales de forma precipitada. El mayor enfado lo mostró la ayer portavoz del PSOE, Eva Rodríguez, ya que sólo ella de los seis concejales del grupo municipal pudo acudir a la cita por el trabajo de sus compañeros, registrando la única abstención en la votación.
García Urbano explicó que las prisas residían en demostrar la diligencia del Ayuntamiento a la hora de avanzar en estos expedientes, y aseguró que a la hora de la firma, se avisaría con más tiempo para que estuvieran presentes todos los concejales de la oposición.
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