La Junta anuncia mejoras en los juzgados pero descarta construir una Ciudad de la Justicia

Colegios, centros de salud y juzgados. Desde hace décadas Marbella viene reclamando la dotación de estas infraestructuras, una deuda histórica de la Junta con la ciudad, según llegó a reconocer la propia Administración regional hace una década de boca del entonces consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, quien cuantificó en 100 millones de euros las inversiones que se dejaron de hacer en el municipio durante la 'era GIL'. Mientras desde el Ayuntamiento se sigue batallando por lograr que esas inversiones se traduzcan en proyectos palpables -y en ello se basó en buena parte el pacto que sostiene el actual Ejecutivo local-, la Junta reconoce que, al menos en materia judicial, de momento la situación presupuestaria de la Administración autonómica hace «complicado» dotar a Marbella de una Ciudad de la Justicia, como vienen reclamando jueces y abogados. Así lo puso de manifiesto ayer, sin tapujos, el consejero de Interior y Justicia, Emilio de Llera, durante una visita a la ciudad.

Que las sedes judiciales del municipio no dan más de sí, que los funcionarios no trabajan en las mejores instalaciones y que el partido judicial de Marbella, pese a las mejoras de los últimos años, sigue siendo uno de los más saturados de casos, no es ninguna novedad para el titular de Justicia de la Junta que, pese a todo, anunció que «ee llevarán a cabo todas la mejoras que sean posible».

De Llera, que mantuvo con el alcalde José Bernal un encuentro para abordar el anteproyecto de la Ley andaluza de Coordinación de Policías Locales, defendió que hasta que esta situación presupuestaria «no cambie, no podemos construir edificios de nueva planta porque los escasos recursos con los que cuenta la Junta tenemos que destinarlos a mantener los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, dependencia, o justicia gratuita». El consejero de Justicia hizo referencia igualmente a la situación urbanística del municipio llegando a asegurar que la anulación del PGOU por el Tribunal Supremo «nos ha hecho una faena». En este sentido consideró que de no haberse anulado «hubiéramos podido tener más capacidad de movimiento».

Más litigios

Un informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial dado a conocer hace solo unos días, situaba al partido judicial de Marbella a la cabeza de todo el país en tasa de litigiosidad (número de asuntos ingresados por cada 100.000 habitantes), con un total de 324 casos ingresados, tanto en asuntos civiles como penales.

Jueces y abogados llegaron a constituir hace unos años una asociación pro ciudad de la justicia para reclamar la construcción del ansiado edificio, y no han sido pocas las manifestaciones públicas realizadas desde el Colegios de Abogados de Málaga a favor de una renovación de la planta del partido judicial. Los distintos ofrecimientos de parcelas (la última, ubicada en la avenida José Manuel Vallés) para levantar la sede realizados por el Ayuntamiento nunca fructificaron en una actuación concreta.

En cuanto al personal de los juzgados, a comienzos de este mes de junio, la Comisión Mixta de la Consejería de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordaba aumentar el número de funcionarios de refuerzo en los órganos judiciales andaluces más colapsados con 45 nuevos empleados. En el caso de los municipios de Marbella y Estepona, contarán con un funcionario más en cada sede dentro de este plan de refuerzo. En el caso de Marbella, un nuevo tramitador en el Juzgado de Instrucción número 1. En el de Estepona, un nuevo tramitador también en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5, según indicaron desde el sindicato STAJ.