La deuda heredada en el Ayuntamiento de Estepona se reduce en un 24 por ciento en cinco años

Los 300 millones de euros en los que la auditoría inicial de la legislatura que comenzó en 2011 valoró la deuda que mantenía el Ayuntamiento con proveedores, Seguridad Social, Hacienda y otras entidades, se logró reducir en un 24 por ciento. Así lo confirmó ayer el concejal del área Económica, Manuel Aguilar, quien aseguró que se había conseguido saldar hasta 74 millones de estos impagos.

El edil matizó que la cantidad inicialmente auditada fue aumentando con la llegada de sentencias de reclamación de cantidades por más incumplimientos de anteriores gobiernos y el afloramiento de facturas sin registrar.

Aguilar reflejó que en un informe del interventor municipal, la deuda a finales del ejercicio de 2015 se fijó en 226 millones de euros frente a los 249 con los que se cerró el 2014, por lo que en el último año se consiguió saldar una cantidad de 23,7 millones.

Para el responsable municipal de este área, la reducción de la deuda es «fundamental» para el cumplimiento del Plan de Tesorería Municipal, el mantenimiento de las cuentas y para mantener un correcto funcionamiento dentro del Consistorio. Para ello, se aprobó el pasado año el segundo Plan de Mejora y Saneamiento para el Ayuntamiento de Estepona.

Si en el anterior Plan de Saneamiento el objetivo marcado era reducir esa deuda en 48 millones, el nuevo, que entró en vigor el pasado año y terminará en 2017 tiene como meta bajar esa cantidad en otros 30. «Los datos de 2015 son excepcionales y ya se ha conseguido reducir la deuda en casi 24 millones en un solo ejercicio», apuntó Aguilar.

Personal

Otro de los aspectos en los que se centra el actual Plan de Mejora y Saneamiento es el mantenimiento constante de los costes de Personal que se alcanzó a finales de 2014, de manera que la partida presupuestaria destinada a la plantilla seguirá sin superar el 55 por ciento de los ingresos corrientes de la Administración local.

«Para evitar las prácticas de enchufismo de otros gobiernos, volvemos a comprometernos a que las jubilaciones o incapacidades definitivas que se produzcan en la plantilla sólo puedan ser compensadas, en su caso, a través de nuevas convocatorias de plazas por oposición, garantizando así la igualdad de oportunidades a todas las personas interesadas en trabajar en la Administración pública», explicó el responsable del área económica.

Junto con el Plan de Saneamiento, desde 2011 hasta hoy se implantaron también medidas de austeridad que incluían formas de ahorro como la eliminación de más de un centenar de móviles corporativos y de coche oficial para el alcalde, o de alquileres de locales innecesarios, entre otros conceptos.