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LEANDRO PAVÓN
Jueves, 17 de marzo 2016, 00:45
Pese a que ayer aún las puertas del Centro de Protección de Menores del barrio de Isdabe, en Estepona, mantenía sus puertas abiertas, la actividad tanto dentro como fuera del edificio era prácticamente nula. La Junta de Andalucía decidió cerrar el centro de manera cautelar hace varios días al considerar que la gestión del servicio, que tenía adjudicado por concurso a la Asociación a favor de la Salud Integral, Bienestar Social y Medio Ambiente (Asaint) era «inadecuada».
El centro, que estaba especializado en menores inmigrantes no acompañados, es el único con esos rasgos en la provincia. Los 25 jóvenes que permanecían internos en este edificio fueron trasladados a otras instituciones de la comunidad autónoma en Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva o Almería, siendo estas dos últimas localizaciones las únicas que cuentan con esta misma especialidad.
Según apuntaron desde la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga, fue a raíz de la inspección anual realizada por este organismo cuando se detectaron indicios de una inadecuada atención a los menores que residían en el edificio. Por ese motivo se procedió al traslado cautelar de los jóvenes a otros centros mientras se solucionaban los problemas en el edificio propiedad del Gobierno andaluz.
Como primera medida, la Delegación abrió un expediente informativo a Asaint, ya que según el pliego de condiciones con el que obtuvo la gestión del edificio, es la adjudicataria la responsable del mantenimiento del mismo.
Una de la razones del cierre es la económica. La Delegación asegura que el pago a la empresa del canon mensual establecido por el contrato se ha realizado a tiempo y están al corriente de todas las mensualidades, pero la oferta económica que Asaint realizó en su día no fue suficiente para conseguir el mantenimiento del edificio y del personal.
Subvención
La subvención anual que recibía la asociación adjudicataria era de 492.750 euros, una cantidad que no cubría las necesidades del servicio, sobre todo en el último año. En 2014, cuando Asaint se hizo cargo del centro, se desprendió de parte de la plantilla de 16 trabajadores, una situación que tras pasar por el juzgado, se volvió en contra de la adjudicataria ya que en verano de 2015 tuvo que readmitir a parte de estos empleados.
La preocupación de estos trabajadores por sus puestos de trabajo tras el cierre del centro llevó a la convocatoria de una huelga el pasado mes de febrero, en la que pedían una mayor cuantía económica cada mes para poder hacer frente al mantenimiento del centro, unos 8.000 euros más.
Ahora los trabajadores esperan conocer en próximas fechas su futuro laboral en un ente que siempre estuvo rodeado de polémica. Anteriormente se ubicaba en Gaucín, lugar en la que reside la asociación que actualmente gestiona el centro, y comenzó su instalación en Estepona en el año 2007. Fue entonces cuando la Junta decidió trasladar el centro a un edificio de su propiedad y sin uso en el barrio de Isdabe, próximo a Marbella.
La inversión de 1,5 millones de euros que hizo el Gobierno andaluz en la restauración del inmueble no sentó bien a vecinos y grupos políticos de la oposición. PP, PA, PES y Estepona 2007 se alinearon en contra de la nueva ubicación del centro de protección de menores por la mala imagen y la inseguridad que podría crear. Los cuatros grupos apoyaron las manifestaciones que los vecinos realizaron en su contra.
Pese a las concentraciones que hubo entonces y sus miradas críticas, hasta hace pocos meses el centro funcionó de manera óptima, o así lo relatan los vecinos cercanos al edificio que se ubica en una zona en la que existen varias residencias para personas de la tercera edad, un centro comercial e incluso un hotel de cuatro estrellas.
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