La Audiencia de Málaga comunica el ingreso en prisión a los condenados de ‘Malaya’

La Audiencia de Málaga ha comunicado hoy a los condenados por el caso Malaya la orden para que ingresen en prisión. En su auto judicial, la Sección 1ª da un plazo de 10 días para que lo hagan de forma voluntaria y se les da la opción de elegir el centro penitenciario en el que prefieran cumplir las penas. Así pues, los responsables de la mayor trama de corrupción urbanística destapada en el país entrarán en la cárcel casi diez años de que la policía irrumpiera en Marbella deteniendo a la mayoría de los miembros de la corporación municipal, lo que provocó la disolución de su Ayuntamiento.

Los requerimientos de ingreso en prisión afectan a 27 procesados con condenas superiores a dos años de cárcel. Además de Juan Antonio Roca, que está encarcelado por otras causas judiciales, los afectados son la exalcaldesa Marisol Yagüe (condenada a cinco años y medio), los extenientes de alcalde Pedro Román e Isabel García Marcos (tres años y medio cada uno), y la mayoría de los exconcejales (con penas que oscilan entre los cinco años y medio y los dos años y medio). Entre los empresarios, figuran, entre otros, Carlos, Sánchez, Andrés Lietor y el constructor José Ávila Rojas (con penas que oscilan entre los tres años y cuatro años y medio). También han sido notificados el cuñado de Roca, Antonio Jimeno, (dos años y medio), los abogados del exasesor urbanístico de Marbella condenados por blanqueo, Juan Germán Hoffmann y Manuel Sánchez Zubizarreta (cinco y cuatro años, respectivamente), y sus testaferros, Montserrat Corulla, Óscar Benavente, Óscar Jiménez (con penas de dos y medio a cuatro años).

En cuanto a los condenados a penas iguales e inferiores a los dos años (en las que la ley faculta al juez suspender la entrada en la cárcel si no existen antecedentes penales y se ha reparado el daño o se muestra voluntad de hacerlo), la Sección Primera ha requerido también a un total de 18 personas para que abonen las multas y las indemnizaciones (responsabilidad civil) que les fueron impuestas en la sentencia y estudiará las posibles suspensiones del ingreso en prisión que puedan ser solicitadas. Fuentes de la Fiscalía, cuya opinión sobre las solicitudes de suspensión de ingreso en prisión es preceptiva, han manifestado que se estudiará caso por caso cada una de ellas.

La Sección Primera de la Audiencia, encargada de ejecutar la sentencia, tenía previsto notificar los ingresos en prisión el pasado 28 de diciembre pero se vio obligada a retrasarlos hasta enero al detectar algunos errores en la elaboración de los autos y para intentar responder a los escritos que presentaron las defensas de algunos de los penados, en relación a peticiones de indulto e interposiciones de recursos ante el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Algunos defensores han solicitado también que se computen las comparecencias para firmar en los juzgados que han realizado los condenados durante todo el largo proceso judicial de Malaya para que se les resten de las penas de prisión (a razón de un día de cárcel por cada diez comparecencias). El tribunal tendrá que resolver si procede o no la suspensión del ingreso en la cárcel del abogado y testaferro de Roca Manuel Sánchez Zubizarreta, cuyo ha letrado se ha acogido a la reciente reforma del Código Penal (entró en vigor en julio del año pasado) que deja potestad al juez para suspender la ejecución de la sentencia a las personas con más de 70 años de edad, que hayan sido condenadas a más de dos años de cárcel. Fuentes judiciales señalaron que esta y otras cuestiones serán resueltas por el tribunal una vez que los condenado hayan entrado en la cárcel.

El pasado 29 de julio el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del caso Malaya que había impuesto la Audiencia de Málaga un año y medio antes, aunque aumentando las penas para el cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, de 11 a 17 años de cárcel y también para la mayoría de los exediles, y rebajó la de la mayoría de los empresarios implicados.

Sin embargo, hubo un error en la sentencia que el Alto Tribunal corrigió en relación a cinco exconcejales. También se presentaron varios incidentes de nulidad, que finalmente fueron rechazados. Todo ello ha supuesto que la ejecución de la sentencia se retrase más de seis meses.