Los juicios rápidos por los delitos de violencia de género tardan ya casi año y medio

Los juicios rápidos para los casos de violencia de género tardan ya casi un año y medio en celebrarse, cuando la ley fija quince días, mientras que los ordinarios se demoran hasta tres años. La gran saturación que afecta los dos únicos juzgados (los de lo Penal número 12 y 13), encargados de juzgar en exclusiva estos delitos en Málaga y la provincia es la culpable de la acumulación de asuntos y de las grandes demoras que sufren desde su creación en 2010.

El juez decano de Málaga, José María Páez, viene reclamando, sin éxito, desde hace años la creación «urgente» de un nuevo juzgado, sobre todo porque el atasco afecta a «asuntos muy delicados, de mucho calado, donde también hay menores implicados». Las alarmas han saltado cuando a punto de finalizar el año las promesas de las administraciones públicas (Ministerio de Justicia y Junta de Andalucía) de crear un nuevo juzgado en enero de 2016 se desvanecen.

Llegado este extremo Páez advierte de forma clara: «Si ocurre algo grave, no podemos asumir la responsabilidad; hemos hecho todo lo divino y lo humano por conseguir más medios, más juzgados, pidiendo que nos apoyen».

1.600 juicios en un año

Los dos juzgados de lo penal dedicados a la violencia de género han celebrado casi 1.600 juicios y han dictado más de 1.200 sentencias en un año. Además tienen 800 pendientes de ejecutar. Igualmente, entre los dos, arrastran casi 2.000 casos pendientes de juzgar. Cada ejercicio reciben más de 800 asuntos nuevos. «Son probablemente los juzgados que más trabajan del país», señala Páez.

Explica el decano que en la comisión mixta entre Junta de Andalucía y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «pedimos a la administración autonómica la creación de este juzgado, que es prioritario sobre otros, pero luego en la comisión mixta con el Ministerio de Justicia se cambió». Ante esto, añade que la «solución» por la que ha optado el Consejo General del Poder Judicial ha sido, en lugar de crear un nuevo órgano judicial, transformar uno ya existente (el juzgado de lo penal 14), que lleva todo tipo de delitos, para que se dedique en exclusiva a juzgar violencia de género. «Este juzgado arrancaría en enero de 2016 con 509 juicios pendientes de celebrar, lo que supone un año de trabajo. La ayuda que puede aportar a los otros dos es muy limitada y, desde luego, no a corto plazo. Es una pésima solución», apostilla Páez.

«No podemos mantener medidas que son cautelares durante dos o tres años porque el juicio no llega. No podemos tener durante tanto tiempo viviendo con esa angustia a una mujer con un localizador que le avisa si su agresor se acerca, ni supuestos agresores durante años con pulseras a la espera de que se le juzgue», advierte el decano, quién además subraya que este retraso en los enjuiciamientos provoca, a menudo, el quebrantamiento de esas medidas cautelares (prohibición de aproximación a la víctima) que dictan inicialmente los jueces cuando se produce la agresión. Otra consecuencia de la tardanza son las suspensiones de las vistas. Cuando llega el día de la celebración algunos testigos citado año y pico antes no llegan comparecer porque se les ha olvidado.

José María Páez muestra su hartazgo: «Ya esta bien de palabras y de promesas. Nos hemos reunido con la Junta, con el Ministerio de Justicia, con diputados de partidos políticos, incluso hablamos con el ministro cuando estuvo en Málaga. Necesitamos un compromiso firme de las administraciones públicas con competencias en esta materia, la Junta y Ministerio de Justicia, y que la violencia de género quede al margen de la política; hacemos un llamamiento también a las asociaciones y a los observatorios de violencia sobre la mujer para que apoyen también esta petición de medios, que es muy urgente».