Un plan de pagos ahorrará al Ayuntamiento de Estepona 3,4 millones en el abono de sentencias

El pleno extraordinario de ayer puso punto y final al proceso al que se acogió el Ayuntamiento para ingresar en el Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda y por el que podrá disponer de un plan de pagos de diez años para pagar sentencias condenatorias pasadas. El concejal del área Económica, Manuel Aguilar, explicó que estos casos perdidos fueron debido a «las malas prácticas» de los gobiernos presididos por el PSOE e IU, y que sumaban hasta la fecha una cantidad de 13 millones de euros. Gracias a esta iniciativa, se reducirá a 9,6.

Aguilar explicó que la cantidad se vio reducida debido a dos razones. La primera fue por las condiciones del crédito facilitado por el Gobierno central, que tiene un plazo de amortización de diez años y un periodo de carencia de dos, y ofrecía unos intereses que pasaban de casi el 7 por ciento actual a rondar el 1 por ciento.

La segunda de estas condiciones fue una quita que según Aguilar se negoció con los damnificados para que la cantidad pendiente de abono por sentencias judiciales quede reducida a 9,6 millones, «lo que supone un importante ahorro para las arcas municipales».

Entre las 34 sentencias firmes que deben abonarse, Aguilar destacó la que hace referencia a unas obras que no le correspondía realizar al Ayuntamiento en el patio del IES Mar de Alborán, y que supuso una condena de 1,7 millones de euros, o la que obligó al pago de 600.000 euros por el proyecto de un teatro que nunca se llegó a construir.

El alcalde, José María García Urbano, tomó la palabra en este punto tras las preguntas del concejal de IU, Valentín Berrocal, sobre el número de abogados que tenía el Ayuntamiento y cuántas eran las sentencias favorables. El regidor explicó que tres de los cuatros letrados que tiene el Consistorio trabajan en denuncias anteriores de 2011, cuando había más de 1.500 pleitos judiciales, en su mayoría, por impagos a trabajadores y proveedores. En la actualidad, esa cifra se redujo a menos de 400.

Urbanizaciones

El pleno también dio por finalizado los trámites necesarios para que el Ayuntamiento asumiera las labores de mantenimiento y conservación de las urbanizaciones del extrarradio. La concejala del área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, explicó que se había recibido el informe favorable de la Junta de Andalucía para modificar el PGOU y tras su cambio, se podría ir asumiendo de manera progresiva estos trabajos.

Velasco apuntó que esta acción ponía «punto y final a una situación injusta que vienen padeciendo los vecinos del extrarradio desde hace décadas».

Otro de los asuntos aprobados por el pleno fue, en esta ocasión de manera inicial, la nueva ordenanza sobre publicidad exterior que regulará el pegado de carteles e instalación de vallas. Aguilar explicó que de las vallas que existen en la actualidad no se quitará ninguna, pero que no se añadirían más para reducir la contaminación visual. Otro aspecto que apuntó el concejal de Hacienda es que se regulará la intensidad máxima de la iluminación de los soportes.

La oposición se abstuvo en bloque a la propuesta, y la portavoz del PSOE, Manuela Benítez, explicó que veían la normativa muy prohibitiva y restrictiva, «por lo que presentaremos alegaciones en el periodo correspondiente».