Los 200 empleos del Primark de Marbella, en el aire por la falta de la licencia de obras

Burocracia habitual, exceso de celo o paralización administrativa. El desembarco en el centro comercial La Cañada de la cadena de ropa Primark ha chocado con el muro de la administración y los inversores han comenzado a mostrar síntomas de nerviosismo. La creación de 200 empleos y la propia inversión, de cuatro millones de euros, están en el aire.

El problema se remonta al año pasado, cuando la marca irlandesa, que cuenta con centros abiertos en Málaga capital y en Fuengirola, y el centro comercial llegaron a un acuerdo el pasado año para abrir en La Cañada la tercera tienda en la provincia. Los representantes de la cadena requirieron de un espacio diáfano en el centro comercial de 6.500 metros cuadrados, para lo que los propietarios de La Cañada la sociedad General de Galerías Comerciales, del empresario Tomás Olivo asignaron el antiguo local donde funcionó el gimnasio Oxígeno, que al ser insuficiente por sus dimensiones obligó a sumar espacios adyacentes ocupados hasta entonces por otras firmas comerciales que fueron trasladadas a diferentes locales del centro.

Sin embargo, a poco de comenzar las obras, en el mes de diciembre, estas fueron paralizadas por no contar aún con la licencia municipal. Según informaron entonces fuentes municipales, cuando se recibió la solicitud de La Cañada, se respondió que la actuación no encontraba acomodo legal por estar colmada su capacidad, por lo que sería necesario buscar alternativas que hicieran posible la concesión de una licencia. Antes de que este problema se resolviera, la empresa inició las obras de forma unilateral. Al tomar conocimiento de esta situación, el Ayuntamiento ordenó la paralización y abrió un expediente.

Fuentes de la sociedad propietaria de La Cañada aseguran que las obras que se iniciaron sin licencia no eran estructurales, y que se comunicó su inicio por considerar que la licencia de obra, al tratarse de un centro comercial ya consolidado, no era preceptiva.

Diez días después de la paralización, el Ayuntamiento aprobó una norma de interpretación sobre las condiciones de edificabilidad en las grandes superficies comerciales, al establecer que los parámetros previstos en el Plan General se dediquen exclusivamente a superficie destinada al «uso pormenorizado de gran superficie comercial, con sus correspondientes usos y compatibles y auxiliares», a lo que se suma un 10 por ciento para instalaciones técnicas del edificio, como agua y saneamiento, residuos y limpieza, climatización, telecomunicaciones o energía. El cambio supuso liberar la edificabilidad ya destinada a estos fines, con lo que la zona dedicada específicamente a superficie comercial se vio incrementada en el mismo porcentaje.

De esa manera, comenzó a tramitarse la licencia, para lo que se solicitaron sendos informes a la Junta de Andalucía. Sin embargo, el propio centro comercial discrepa con la necesidad de que el Ayuntamiento requiera la intervención de la Junta de Andalucía para conceder la licencia. Un informe jurídico encargado por la empresa y emitido el pasado 11 de febrero señala que la administración autonómica no puede realizar un control de legalidad urbanística sobre una obra de ampliación de un local ya existente en un centro comercial; y que los estudios sobre la incidencia de esta ampliación sobre el comercio minorista deben partir del hecho de la existencia previa y consolidada del centro comercial.

En todo caso, señala el estudio firmado por Joaquín García Bernaldo de Quirós, presidente hasta su extinción de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), aún en el caso de que fuera exigible el informe autonómico, no sería necesario si la superficie afectada por la licencia no excediera de los 2.500 metros cuadrados.

Todo este proceso ha exasperado a los inversores, que han mostrado su inquietud tanto a los responsables de La Cañada, que temen que la inversión pueda perderse, como en la propia delegación de Urbanismo, donde han acudido a informarse acerca de la tramitación.