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Héctor Barbotta
Jueves, 4 de diciembre 2014, 01:55
La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, que se encuentra a la espera del recurso ante el Supremo del caso Malaya para saber si irá a la cárcel, ha visto agravada su situación judicial. Un juzgado de Madrid la ha imputado por la presunta venta de un piso que tenía a nombre de su hijo en la capital de España y que fue inmovilizado durante la instrucción de aquel proceso.
Además de Yagüe, también ha sido imputado su hijo, Jorge Becerra, que figuraba como propietario del inmueble, según un auto dictado la semana pasada en Madrid y al que ha tenido acceso este periódico. Ambos podrían haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes.
Becerra ya había sido imputado con anterioridad, pero el juzgado no pudo localizarlo. Por ello, el juez ha dado instrucciones para que se localice su paradero, al tenerse constancia de que la propia Marisol Yagüe aseguró a los policías que le llevaron la notificación del juzgado a su domicilio de Marbella el pasado junio que su hijo reside en Venezuela.
Denuncia
El proceso abierto contra la exalcaldesa tiene su origen en una denuncia presentada por el Ayuntamiento de Marbella el pasado verano al tomar conocimiento de que un piso situado en la zona madrileña de Princesa, inmovilizado durante el proceso por existir sospechas de que había sido adquirido con fondos ilícitos por parte de la exalcaldesa y cuyo comiso se había ordenado en la sentencia, había sido vendido en enero de este año.
Durante la instrucción del caso Malaya, la exalcaldesa admitió que el piso que figuraba a nombre de su hijo había sido adquirido por ella, aunque aseguró que lo hizo con fondos de procedencia lícita.
Sin embargo, según se comprobó durante el proceso, Yagüe compró el inmueble con fondos aportados por Juan Antonio Roca provenientes a su vez de la empresa Aifos, que pagó de esa manera favores urbanísticos. En concreto, fueron tres sobres que sumaron 438.780 euros. Se trata de una parte de los sobornos recibidos por la entonces alcaldesa, a quien la policía atribuyó el cobro de 1,8 millones de euros entregados por Roca a cambio de su obediencia.
Caducidad
En la sentencia del caso Malaya, por el que se condenó a Marisol Yagüe a seis años de prisión y multa de 2,3 millones de euros, se ordenó también el comiso de la vivienda, así como de tres vehículos de su propiedad. Sin embargo, la prohibición de disponer del piso dictada por el juez instructor en el año 2006 caducó el 1 de marzo de 2013 sin que se comunicara al Registro de la Propiedad el comiso acordado en la sentencia.
Valiéndose de esta situación, el inmueble fue vendido a comienzos de este año. Según el criterio de la defensa jurídica del Ayuntamiento, avalado por el juez con la imputación de la exalcaldesa y de su hijo, el hecho de que no se cumpliera el requisito formal de la prórroga libera de cualquier responsabilidad a los compradores de buena fe, pero no a Yagüe y a su hijo ya que ambos eran conocedores del contenido de la sentencia y de la prohibición de disponer del inmueble.
En el auto, el juez instructor de la causa ordena que se tome declaración en calidad de imputados a Yagüe y a Jorge Becerra, así como recabar información relativa al actual domicilio de la exalcaldesa.
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