La renuncia de García Urbano paraliza que se plantee su incompatibilidad en la Comisión

La dimisión de José María García Urbano de su escaño en el Congreso paralizó el debate sobre su incompatibilidad como diputado y registrador de la propiedad que este mismo jueves iba a abordar la Comisión del Estatuto del Diputado. El PP informó de que la renuncia de García Urbano se produjo a lo largo de la mañana de ayer, mientras que otras fuentes consultadas por SUR apuntaron a que lo hizo el miércoles por la tarde y que este hecho provocó que finalmente su caso no se abordara en la reunión del órgano donde sus señorías deben rendir cuentas de sus actividades.

Las fuentes consultadas añadieron que en caso de no haber renunciado en la reunión se hubiera aprobado la declaración de incompatibilidad en base a lo que recoge el artículo 157. 1 y 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Aunque ya militaba en el PP, José María García Urbano no dio el salto a la política hasta 2011 cuando optó por primera vez a la Alcaldía de Estepona, que ganó con una amplia mayoría absoluta que revalidó en 2015, siendo uno de los pocos regidores populares de la provincia en grandes municipios que resistió el desgaste de la marca PP.

Fue el aval para que este registrador de la propiedad, notario y abogado del Estado escalara posiciones en el PP y fuera el cabeza de lista por la provincia en las elecciones generales del 20 de diciembre desplazando a la histórica Celia Villalobos.

Pese a ir de cabeza de lista, tras la constitución del Congreso no fue designado para presidir ninguna comisión ha sido vocal de las comisiones de Fomento y de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y sus expectativas cuando dio el salto a la política nacional no se han visto cubiertas.

En su trayectoria política, García Urbano se ha destapado como un dirigente con criterios propios, en ocasiones alejados de la línea oficial del partido fue incluso catalogado como el antisistema del PP y en estos años no ha cobrado ningún sueldo público del Ayuntamiento de Estepona. Fue a partir de noviembre de 2012, con la autorización expresa de los Ministerios de Justicia y de Administraciones Públicas, en la que se declaraba la compatibilidad expresa entre la Alcaldía y el Registro, cuando comenzó a percibir remuneración de su actividad como registrador.