El Gobierno respalda el plan de la inundabilidad del entorno del Guadalhorce

Los suelos del entorno del tramo del Guadalhorce más próximo al mar ya son oficialmente inundables tras aprobar ayer el Consejo de Ministros el plan de gestión del riesgo de inundación para esta zona, junto con otras muchas del resto de cuencas españolas. Este plan, que ha sido tramitado por la Junta de Andalucía, ha concitado las críticas de miles de empresarios de la zona y de los ayuntamientos de la capital, Alhaurín de la Torre y Cártama al generar una inseguridad jurídica para el desarrollo de futuras operaciones urbanísticas que ya ha ocasionado el freno a más de una decena de grandes inversiones que se iban a desarrollar en el entorno del río.

Según la directiva europea y el real decreto que regulan la tramitación de los planes de gestión del riesgo de inundación de las diferentes cuencas, incluida la del Guadalhorce, la fecha del pasado 22 de diciembre de 2015 era el límite para que esos planes estuvieran aprobados y publicados. Sin embargo, no ha sido hasta ayer cuando el Gobierno de la nación en funciones ha llevado a cabo este trámite.

Los empresarios de los polígonos están dispuestos a recoger este retraso como defecto de forma en su recurso judicial contra estos planes. Así lo confirmaron a SUR Sergio Cuberos, presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), y el abogado de Ius Urbis Manuel Jiménez, que asesora a esta entidad. «Con la palabra de la Consejería de Medio Ambiente en referencia a las reuniones mantenidas con sus responsables en las últimas semanas no vamos a ningún lado, así que lo vamos a recurrir», expuso Cuberos días atrás a este periódico.

En esas reuniones, quedó claro que la reducción del riesgo de inundabilidad en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce pasa obligatoriamente por la sustitución del puente de la antigua N-340 a la altura de la Azucarera por uno nuevo, ya que el actual actúa como embudo en la efectividad del proyecto de encauzamiento que se ejecutó hace más de una década. A falta de estudios concretos, este nuevo puente se ha cuantificado en unos 60 o 70 millones de euros, y tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía consideran que su ejecución y financiación debe ser asumida por el Gobierno central. De este modo, su realización queda condicionada a que tome posesión un nuevo Ejecutivo para el país, pendiente ahora de los pactos entre los diferentes partidos que concurrieron a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.