Los médicos dudan de poder hacer un seguimiento a los 'sin papeles' sin tarjeta

El objetivo era ambicioso: ahorrar 950 millones a las arcas públicas para reducir la multimillonaria deuda de la sanidad pública (unos 16.000 millones). Las medidas que entraron en vigor el 1 de septiembre de 2012 para lograrlo eran controvertidas: 417 medicamentos dejaban de estar financiados por la Seguridad Social y más de 153.000 inmigrantes ilegales se quedaban sin tarjeta sanitaria.

Los sin papeles, desde entonces, sólo tienen derecho a ser atendidos en las urgencias hospitalarias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Dos medidas, sobre todo la segunda, que fueron duramente criticados por la oposición y las organizaciones sociales. Consideraban que dejar sin control a personas cuyo número ascendía hasta cerca del millón, según las ONG que podían ser portadores de enfermedades contagiosas era un peligro de salud público.

Pero el departamento de Ana Mato siguió con sus planes, a pesar de que las comunidades autónomas hasta ocho, incluida Andalucía y los médicos muchos hicieron caso omiso del real decreto abogaban por el contrario. Mato encontró el apoyo en el portavoz popular en el Congreso de los Diputados. «Cuando decimos que la sanidad es universal en España no es para el universo mundo sino para los españoles y los residentes», comentó Alfonso Alonso en abril de 2012, en pleno debate social sobre estas medidas.

Un derecho que «no existe»

Casi tres años después, el ahora ministro cambia de opinión. Asegura que los sin papeles podrán ser atendidos por los profesionales de atención primaria, aunque no recibirán una tarjeta sanitaria. «Se les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país», argumentó ayer el ministro en una entrevista concedida a Efe.

Alonso da tres motivos para tomar esta decisión ahora, a menos de dos meses de las elecciones autonómicas: por ser más práctico, para evitar el colapso de las Urgencias y por una «cuestión de salud pública». «No sabemos qué quiere decir. No tenemos ni idea. Seguimos en el limbo. Y va a seguir habiendo un colectivo discriminado. Es un avance que no podemos negar, pero se queda corto», expresa Manuel Espinel, de Médicos del Mundo. «Es una táctica con fines claramente electoralistas. Alonso como Rajoy están planteando lo obvio: que a los inmigrantes sin papeles hay que atenderlos», añade Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

La fórmula encontrada pasa por una negociación con las comunidades autónomas, que están en su gran mayoría trece metidas ya en precampaña electoral y que este asunto les provoca muchos problemas internos. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, explica que se propondrá a las autonomías un programa de promoción de la salud, prevención de enfermedades y prestación de asistencia sanitaria dirigido a extranjeros empadronados que sólo serán tratados en su comunidad.

Este último punto ya lo incluyó el Gobierno de José María Aznar en 2000 al modificar la ley de extranjería, que abría la posibilidad de obtención de una tarjeta sanitaria a aquellos sin papeles que estuvieran empadronados. Sin embargo, Sanidad afirma que este plan no incluye la tarjeta sanitaria.

«No puede ser que nos marchemos otra vez a las cavernas. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento?», se pregunta José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. «Espero que no sea un anuncio electoralista que luego no se quede en nada porque muchos médicos atienden a los inmigrantes en las condiciones del siglo XIX. Y sin la tarjeta cualquier cambio es imposible», afirma Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Josep Basora, pide que se garantice «una sanidad pública universal para los colectivos más desfavorecidos y no un paquete mínimo».

Según Sanidad, los sin papeles deberán ser mayores de edad, no exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde sus países y no ser asegurado por la Seguridad Social. Unas medidas que tendrán que esperar hasta julio para ser debatidas en el Consejo Interterritorial, a no ser que se adelante antes de la cita del 24 de mayo.