La Junta reclama a CIOMijas la devolución de ayudas por un importe de 8.900.000 euros

Una «red de clientelismo político» creada por la Junta a través de la formación. La jueza Mercedes Alaya, que dirige la operación Barrado, pone en entredicho los criterios de concesión y la labor de control de las partidas millonarias destinadas entre 2005 y 2011 a subvencionar cursos para desempleados con compromiso de contratación.

La instructora coloca en el epicentro del presunto fraude al Gobierno autonómico, y más concretamente a la Consejería de Empleo que, según se desprende de sus autos, impartía «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, según fuentes del caso que cita Europa Press.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) mantienen esta misma hipótesis de trabajo basándose en el «descontrol» que había sobre las ayudas y las exoneraciones «sistemáticas» de la justificación del gasto, que se habían convertido en «norma» aseguran fuentes próximas a la investigación cuando se trata de un supuesto «excepcional» que prevé la ley para cursos con «fines de interés social».

Para respaldar esta tesis, los agentes cuentan también con el testimonio de un jefe de servicio de Empleo, quien según las fuentes declaró que desde la Consejería le prohibieron el gasto en dietas, redujeron su equipo y lo dejaron sin coches para llevar a cabo de forma eficaz la labor de inspección y control de los cursos.

En el caso de la investigación sobre el CIOMijas, se apoya principalmente en los expedientes de reintegro formulados por la Dirección General de Formación, que reclamaría a este centro la devolución de 8.900.000 euros correspondientes a subvenciones recibidas y que, a juicio de los inspectores, no habrían quedado debidamente justificadas. Según explicaron las fuentes, eso no significa que los cursos no se hayan impartido, sino que presentarían algún tipo de anomalía.

En los últimos tiempos, la directora de la UTE que gestiona CIOMijas, Mariola Ustarán, se había mostrado especialmente crítica en redes sociales con la Consejería de Educación que en 2013 pasó a asumir las competencias sobre la formación, hasta entonces gestionada por Empleo y la propia presidenta de la Junta ante los problemas de financiación que presentaba CIOMijas, al tiempo que expresaba su apoyo explícito a Ciudadanos durante la campaña electoral.

Tras casi dos años amasando en secreto esta investigación, Alaya desató el martes una redada dirigida al aparato político que habría permitido por acción u omisión los supuestos desmanes en la formación. Por su juzgado desfiló ayer la mayoría de los detenidos (16) en la operación. Todos quedaron en libertad, con diferentes medidas cautelares, tras acogerse a su derecho a no declarar.

Entre ellos se encuentran los tres arrestados en Málaga: el exdelegado de Empleo Juan Carlos Lomeña; la directora de la UTE que gestiona CIOMijas, Mariola Ustarán; y el que fue director de este centro de formación entre 2003 y 2014, José Gutiérrez, que actualmente ocupa su plaza como inspector en la Delegación de Educación de Málaga.

Lomeña, que fue el último en pasar a disposición judicial, abandonó anoche el juzgado sin que por ahora se le hayan solicitado medidas cautelares en el ámbito civil. No ocurrió lo mismo con Ustarán y Gutiérrez, para quienes la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de seis millones de euros respectivamente por las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del caso.

La jueza Alaya también dejó ayer en libertad a los exdelegados de Empleo Juan Bouza (Cádiz), Irene Sabalete (Jaén), Antonio Fernández (Córdoba), Antonio Rivas (Sevilla), Francisca Pérez (Almería) y Marina Martín (Granada). El abogado de esta última, que actualmente es directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, defendió su «absoluta inocencia». Alaya no dictó ningún tipo de medida cautelar .

Aurora Cosano y Eduardo Muñoz, que hasta el martes ocupaban los cargos de delegados de Economía en Sevilla y Huelva, respectivamente, quedaron igualmente en libertad tras comparecer durante la jornada de ayer ante la instructora de la causa. El Gobierno autonómico los destituyó tras conocerse su detención, aunque los consideró personas «honestas e íntegras» y pidió respetar su «presunción de inocencia».

Durante la madrugada del martes al miércoles quedaron en libertad las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara para quien Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros y María Teresa Florido, así como la que fue directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

La jueza prevé tomar declaración hoy a los dos últimos detenidos en la operación Barrado, el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.