Obras públicas de saldo

«Las constructoras se tiran de cabeza y bajan el precio todo lo que haga falta con tal de coger una obra, sin pensar en las consecuencias». El comentario es de un funcionario que se encarga de lidiar a diario con diferentes procedimientos de contratación de obras públicas, y resulta bastante explícito para reflejar la desenfrenada rebaja de presupuestos que empresas nacionales y locales lanzan a las administraciones con tal de salir victoriosas de la competición por hacerse con una obra pública, ahora que las privadas son casi inexistentes. El ejemplo más significativo de esta tendencia registrado hasta ahora en Málaga es posiblemente el del proyecto para prolongar las líneas de metro hasta la Alameda Principal. Las significativas bajas ofertadas por las empresas que aspiran a este contrato (hasta un 45% menos) ha llevado incluso a la Junta de Andalucía a plantearse la opción de suspender el procedimiento e iniciarlo de nuevo. ¿Cómo es posible que haya firmas que han aportado un precio que supone 20 millones de euros menos que el calculado por la Consejería de Fomento?

En una escala menor, lo mismo sucede con los contratos de obras públicas que tramitan los ayuntamientos de la provincia, incluida la capital, en los que empiezan a ser común rebajas de precio superiores al 30% que terminan siendo aceptadas para adjudicar proyectos porque no suponen una oferta temeraria, es decir, no quedan por debajo de la medida (incrementada un 10% o un 5%, según el caso) de los presupuestos recabados para un determinado contrato. Para muestra, el botón de algunas de las bajas contratadas por el Consistorio de la capital en las últimas semanas: la transformación del cementerio de San Rafael en parque (por 320.139 euros menos que los 900.000 euros del precio de licitación, lo que supone una baja del 35,%), los tres proyectos para mejorar las instalaciones del polideportivo de Ciudad (con reducciones del 36,8%, 36,6% y 34,6%, respectivamente), el plan de reurbanización de vías públicas en el distrito de Cruz del Humilladero (bajada del 39%), y el de Carretera de Cádiz (baja del 34%). Y ello sin contar con las significativas bajas por las que se adjudicaron la peatonalización de la zona sur de la Catedral (por 1,5 millones de euros menos del precio de licitación, un 35% de rebaja) y la obra del Centro Pompidou (1,25 millones de euros menos, un 24% de baja).

Está claro que algo falla si la administración no tiene reparos a la hora de adjudicar un proyecto a una empresa por un 30% menos de lo que lo presupuestó. ¿Es que no son válidas las tablas de precios que manejan los ayuntamientos o la Junta de Andalucía a la hora de tasar las unidades de obra? Según varias fuentes expertas consultadas ese no es el motivo de los desfases registrados, ya que la Ley de Contratos del Sector Público establece que los precios deben guiarse por los habituales del mercado en cada momento. Eso sí, no hay una tabla unitaria para determinar el presupuesto de las obras, ya que cada administración tiene en ese sentido libertad a la hora de fijar sus precios.

Por ejemplo, en el caso de la capital, los proyectos de construcción de edificios se guían por los precios estipulados por la Junta de Andalucía, y los de urbanización de calles o espacios públicos por los del Ministerio de Fomento. Según pudo conocer este periódico, el equipo de gobierno municipal, ante la notable reducción de precios ofertados para las obras que contrata la Gerencia Municipal de Urbanismo, propuso hace tiempo una disminución de los manejados a la hora de cifrar los proyectos, pero esta medida no fue aceptada por los constructores. Según explicó la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Violeta Aragón, esta posibilidad, que según fuentes de la administración local les supondría menos margen para reducir presupuestos a la hora de pujar por las obras, se rechazó en realidad porque el Ayuntamiento «solo quería bajar algunos conceptos que entiende que están altos y no subir otros, que creemos que están bajos, como la mano de obra, que no se revisa desde hace cuatro años».

Revisión de las tablas de precios

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, opina que en la actualización de las tablas de precios que manejan las administraciones a la hora de presupuestar sus proyectos podría estar gran parte de la solución al problema. «Está claro que algo falla si casi por norma se adjudican obras por un 30% menos de lo cifrado desde el ámbito público. Habría que poner orden en todo este asunto, modificar la normativa a nivel nacional para unificar las listas de precios en todas las administraciones conforme a la realidad del mercado y que se escojan a las constructoras no solo por la que ofrezca un precio menor, sino también por la calidad», comentó Pomares.

En el mismo sentido, la secretaria general de los constructores malagueños considera que las instituciones deberían utilizar unos criterios «más equilibrados» a la hora de adjudicar sus obras, y no dejarse guiar de una manera tan determinante por el precio. «Deberían repartir más la puntuación entre los aspectos económicos y los técnicos para que las empresas no se vean en la necesidad de bajar los precios hasta el extremo para hacerse con una obra», indicó Aragón.

Podría pensarse que, si la adjudicación de contratos por importes un 30% inferiores a lo presupuestado por la administración no tiene el colchón necesario para rentabilizar costes en las tablas de precios, sí lo puede encontrar en posteriores sobrecostes o modificados de la obra, pero ya no es del todo así. Desde 2011, la Ley de Economía Sostenible impide incrementar el precio de una obra contratada por encima del 10% y sólo lo permite para casos muy justificados, como errores en la redacción del proyecto, causas de fuerza mayor, imprevistos arqueológicos o geológicos, aparición de nuevos medios técnicos con posterioridad a la firma del contrato, etc.

Sobrecostes de las obras por encima del 10% solo se autorizan si así están previstos en el pliego de condiciones, con importantes requisitos, ya que, de lo contrario, implican la ruptura del contrato. No obstante, según las fuentes, las empresas son conscientes de que llegar a ese extremo supone un perjuicio para la administración, ya que la obliga a dejar parada una obra e iniciar un procedimiento administrativo que resulta bastante lento. De ahí que ambas partes, contratista y contratado, procuren llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos en caso de surjan diferencias sobre el coste de los trabajos.

En cualquier caso, si el margen de las constructoras para tirar los precios no está, antes, en las tablas que manejan la Administración ni, después, en la posibilidad de pedir más dinero, ¿cómo es posible que presenten estas bajas tan importantes? La respuesta a esta pregunta es complicada. Oficialmente, las asociaciones de constructores argumentan que ese margen es posible porque las empresas intentan reducir costes con diferentes fórmulas. Así, procuran tirar de materiales y obreros propios antes que subcontratarlos, optimizan recursos compartiéndolos entre obras que estén próximas físicamente, y también juegan con el engorde de precios de los contratos por los conceptos de beneficio industrial (un 13%) y de gastos generales (un 6%).

Picaresca

Extraoficialmente, SUR pudo recabar el testimonio de varios funcionarios que no ocultaron su sospecha de que algunas constructoras terminan compensando sus precios a la baja restando calidad a la ejecución final del proyecto. En teoría, esto no debería suceder porque cada obra pública tiene encima un director facultativo de la Administración que vela por su desarrollo conforme a las condiciones exigidas desde el principio. Pero las fuentes reconocieron que puede existir cierta picaresca a la hora de burlar este control e introducir, por ejemplo, en un trabajo materiales de una menor calidad de los contratados aunque aparentemente cumplan con los requisitos exigidos.

La secretaria general de la ACP no quiso admitir este supuesto pero reconoció que «las cosas valen lo que valen» y que las obras contratadas con unas bajas considerables respecto a su inicial tasación «no benefician a nadie porque, al final, o pierde la empresa constructora, o la que sale perdiendo es la obra». Es decir, que todo esto termina repercutiendo en el resultado definitivo de cada actuación.

Una tesis que comparte el decano del Colegio Oficial de Arquitectos, Antonio Vargas, quien añadió que las constructoras lo tienen fácil a la hora de abaratar costes en la realización de los proyectos porque estos «adolecen en muchos casos de faltas de concreción» que dan libertad a las empresas a la hora de ejecutar los trabajos de una determinada forma que las beneficie económicamente. «Eso se debe a que la redacción de los proyectos o diseño de las intervenciones públicas también se adjudica a la baja y con un plazo de elaboración muy corto, lo que implica que las constructoras terminan teniendo la sartén por el mango a la hora de definir la calidad final de la obra», sentenció Vargas, quien recordó que, aunque es cierto que la ley limita ahora más los sobrecostes de las obras públicas, sí están permitidos aún los contratos complementarios (de hasta el 50% del importe de la adjudicación) que, aunque en teoría solo pueden autorizarse para realizar elementos no recogidos en el proyecto inicial, a la postre terminan compensando la rebaja ofertada al principio por la constructora.