Los empresarios andaluces critican la «altísima» presión fiscal y la falta de sensibilidad con el turismo residencial

El empresariado andaluz dio ayer un toque de atención al Gobierno central a cuenta de la reforma fiscal presentada hace unos días con el objetivo de que el Ministerio de Hacienda tome nota de sus demandas dado que, a la vuelta del verano, esta normativa debe pasar aún por el trámite parlamentario y de que una reforma fiscal es una ventana de oportunidades para hacer más competitiva la economía. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), criticó la «altísima» presión tributaria que padecen las empresas lo que supone «una gran traba» para su desarrollo en esta fase de recuperación de la crisis y para la generación de empleo y denunció, asimismo, la falta de sensibilidad del Gobierno central con el turismo residencial un sector clave para la economía autonómica en general y la malagueña en particular.

Durante su intervención en la inauguración del foro La reforma fiscal a debate: claves e impacto, un encuentro profesional organizado por el diario SUR, el despacho de abogados y asesores tributarios Garrigues, el banco Sabadell, y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), González de Lara abogó por «disminuir» esa elevada presión fiscal porque «no sería inteligente» subir los impuestos a las empresas.

A este respecto y ante un auditorio formado por empresarios y representantes políticos, afirmó que es «urgente» reducir las cotizaciones sociales. «No se puede penalizar la contratación como se ha hecho en los últimos tiempos de una manera bastante gravosa», sostuvo el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

En esta línea argumental, abogó por avanzar hacia un sistema fiscal más homogéneo que permita coordinar las políticas tributarias de las distintas administraciones públicas central, autonómica y local y aborde «las fisuras en la unidad de mercado». Y es que, según expuso, en el ámbito tributario es «prioritario» simplificar las relaciones entre las instituciones y la empresa y los ciudadanos.

El también presidente de la CEM abogó por avanzar en la simplificación y agilización que eviten la «excesiva» litigiosidad entre las empresas y la Administración y por una reforma que despeje las dudas sobre la fiscalidad española.

El presidente de la patronal andaluza se mostró especialmente crítico con el hecho de que el anteproyecto de ley para la reforma fiscal presentado por el Ejecutivo «haya ignorado» las reivindicaciones de los empresarios vinculados al turismo residencial, quienes solicitaban cambios normativos que permitieran a la Costa del Sol, y al resto de las zonas costeras españolas, competir en igualdad de condiciones con otros destinos europeos a la hora de atraer inversores y residentes de alta gama. El informe de la comisión de expertos encabezado por el profesor Manuel Lagares, también recogía esta reclamación.

«Moviendo los hilos»

«El actual régimen fiscal es un obstáculo y tiene un peso muy negativo a la hora de competir con otros países», aseguró Javier González de Lara, quien añadió que la CEA, a través de la CEOE, está «moviendo los hilos» a nivel nacional para que el Gobierno atienda las peticiones del sector en materia de turismo residencial de la que, según agregó, se beneficiaría no sólo la Costa del Sol sino también Baleares, Canarias o Cataluña. Una de las reclamaciones va en la línea de que los turistas residentes declaren y tributen sólo por lo que perciben en España con un tipo más favorable durante los diez primeros años de residencia.

En el caso de la Costa del Sol, expuso que en el turismo residencial «tenemos un potencial enorme» que debe ser respaldado fiscalmente para que sea atractivo a los actuales residentes y a los futuros. A su juicio, este sector puede contribuir decididamente a la reactivación del empleo fundamentalmente en los servicios ya que expuso que «hay casas que son pymes» puesto que una vivienda de 1,5 millones de euros genera una media de cuatro puestos de trabajo. «En Marbella hay 30.000 viviendas valoradas en más de un millón de euros, por lo que no se entiende por qué no se tiene en consideración una cuestión tan importante», manifestó.