Málaga tendría que recortar inversiones y reducir su deuda para municipalizar Limasa

Ninguno de los análisis realizados por los habilitados nacionales a finales de julio a petición de Alcaldía desestiman la vía de la municipalización, pero sí que procuran dejar claro que hay que hacer muchos números antes de decantarse por una u otra opción. Y en este contexto, ambos escritos (a los que ha tenido acceso este periódico) ponen el acento en que el Ayuntamiento de Málaga está sujeto no sólo a un plan económico-financiero por incumplimiento de la regla de gasto, sino también a un plan de ajuste para reducir su endeudamiento que, con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en la mano, «veda a esta Corporación» –según el informe de Secretaría– la creación de una nueva sociedad o adquirir, constituir o participar en la constitución de nuevos organismos durante el tiempo de vigencia de estos planes.

El primero de ellos expira el próximo 31 de diciembre, así que este obstáculo podría salvarse, pero más complejo se antoja el escenario respecto al plan de ajuste aprobado en 2013 con el objetivo de reducir el nivel de endeudamiento hasta situarlo por debajo del 75% en 2020.

Según los últimos datos del Banco de España, al final del primer semestre de este año la deuda con entidades financieras suponía el 86,56% de los recursos municipales. La previsión en el Área de Economía es cerrar 2017 en torno al 81,9% y, de mantener el ritmo actual de reducción de deuda (51 millones en el último año hasta dejarla en 522 millones), acercarse a finales de 2018 o comienzos de 2019 al 75% que le exige el Estado. Ante esta circunstancia, el secretario municipal entiende que «debe recabarse el informe de la Intervención General Municipal». ¿Y qué dice ésta? Pues que, en el mejor de los casos, los objetivos del plan de ajuste podrían adelantarse hasta finales de 2018 siempre que se cumplan dos condiciones. La primera, que «las magnitudes de remanente de tesorería y capacidad de financiación sigan con la tónica positiva de los últimos ejercicios». Y la segunda, «que en 2018 no se llevaran a cabo inversiones financieramente sostenibles» en la ciudad, de forma que todo el superávit que se obtenga en el anterior ejercicio se destine a la amortización de la deuda bancaria en lugar de, como viene ocurriendo ahora, una parte se emplee en obras en los barrios. A modo de referencia, este año las inversiones sostenibles ascienden a 18 millones.

Pero ahí no se acaban las advertencias del interventor, ya que también recomienda tener en cuenta las necesidades de inversión en los servicios de limpieza y recogida, toda vez que el grueso de la flota de Limasa no se renueva desde hace 15 años. En este punto, considera «importante» conocer en qué año se plantean esas posibles inversiones, ya que podrían llevar al ‘holding’ municipal a un incumplimiento de la estabilidad presupuestaria o a un incremento del endeudamiento, «circunstancia que no ocurriría con una gestión indirecta a través de una empresa privada». En este punto, el interventor concluye que «los estudios económicos de cada alternativa deben ser los que ayuden a adoptar la mejor solución».

Mientras, la oposición sigue presionando al alcalde a que se decida ya. Ayer le tocó a Málaga Ahora, cuya portavoz, Ysabel Torralbo, retó a De la Torre a someter a Pleno la decisión, «en la que el propio alcalde vote en conciencia y permita a sus concejales romper la disciplina de voto».