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La investigación en torno a supuestas agresiones o vejaciones por parte de un grupo de empleados de la Residencia de Gravemente Afectados La Milagrosa ha vuelto a ampliarse y se extiende ya a un tercio de la plantilla. Tras el visionado de las imágenes encargado a una agencia de detectives, la dirección del centro ha denunciado ante la Policía Nacional a otros 12 trabajadores por posible trato degradante a usuarios –todos adultos con alguna discapacidad severa–, que se sumarían a los cuatro empleados detenidos a finales de abril.
Todo comenzó cuando los responsables del centro contrataron una empresa de detectives para comprobar si, como sospechaban, algunos trabajadores del turno de noche se quedaban dormidos en horario laboral. Los investigadores privados instalaron con sigilo ocho cámaras repartidas por la zona de habitaciones y camufladas entre el mobiliario para que pasaran inadvertidas.
Inicio. La dirección de la residencia sospechaba que algunos trabajadores se dormían en el turno de noche y contrató una agencia de detectives privados.
Cámaras. La empresa instaló ocho cámaras ocultas entre el mobiliario que estuvieron grabando todo lo que sucedía entre las 23.00 y las 07.00 horas, desde el 21 de marzo hasta el 21 de abril.
Visionado. Cuando los detectives empezaron a revisar las imágenes, se toparon con agresiones y trato vejatorio. El 17 de abril, antes de que las cámaras dejaran de grabar, los responsables del centro acudieron a la comisaría para presentar una denuncia
Primera fase. Los tres primeros minutos de grabaciones aportadas por la empresa de detectives supusieron la detención de cuatro trabajadores acusados de malos tratos o vejaciones, según el caso
Segunda fase. El centro encargó a los detectives que continuaran con el visionado de las más de 240 horas de grabaciones y elaboraran un informe sobre cada empleado que demostrara un trato a los usuarios –físico o verbal– que no se ajustara a su trabajo. Ayer, entregaron 16 informes a la policía.
Un mes después, cuando empezaron a visionar las imágenes, detectaron irregularidades que iban mucho más allá de una falta disciplinaria. Tal y como adelantó SUR el 28 de abril, en los primeros vídeos se observaban supuestas agresiones o, en el mejor de los casos, un trato vejatorio hacia seis usuarios concretos del centro. Inicialmente, se pudo identificar a cuatro empleados –un hombre y tres mujeres– como presuntos autores, en distinto grado, de los hechos investigados. Todos fueron detenidos.
La residencia, gestionada por la Asociación Malagueña en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromanis) y situada en el Camino de la Corta, donde lleva abierta desde 1964, anunció desde el primer momento su compromiso de «tolerancia cero» respecto a estas conductas. Los responsables del centro pusieron una denuncia apoyada en tres horas de grabaciones, la que supuso los primeros arrestos, y encargaron a la agencia de detectives un informe detallado del resto de vídeos almacenados por las cámaras durante el mes que estuvieron filmando.
La semana pasada, tras visionar todas las horas de grabaciones recogidas durante casi un mes, los investigadores privados entregaron a la dirección 16 informes, uno por cada uno de los trabajadores señalados (incluidos los cuatro primeros), donde se aporta una descripción de las situaciones y actitudes observadas entre estos empleados hacia varios usuarios. Inicialmente, se identificó a seis víctimas y ahora, en esta segunda fase, a otras ocho.
La directora de la residencia, Antonia Díaz, acudió ayer a la comisaría para entregar tantos los informes como las grabaciones. Los 12 trabajadores denunciados no solo pertenecen al horario de noche (al que sí estaban adscritos los cuatro primeros detenidos), ya que las cámaras grabaron al menos una hora antes y una hora después de cada cambio de turno, lo que ha permitido detectar nuevas irregularidades. Lo cierto es que el caso afecta ya a más de un tercio de la plantilla, puesto que la residencia contaba cuando se destaparon los hechos con 46 empleados, el mismo número que usuarios.
El sistema de videovigilancia que la agencia de detectives instaló en la Residencia de Gravemente Afectados La Milagrosa almacenó más de 240 horas de grabaciones que permitieron destapar los supuestos malos tratos y vejaciones que al parecer sufrían 14 usuarios con discapacidades severas que se encuentran ingresados en el centro.
La empresa, contratada por la residencia para comprobar si los trabajadores se dormían en el turno de noche, instaló con disimulo, sin que la plantilla se diera cuenta, ocho cámaras espía camufladas entre el mobiliario del área de los dormitorios. Empezaron a grabar a partir del pasado 21 de marzo y estuvieron filmando de forma ininterrumpida hasta el 21 de abril.
Dado que la sospecha inicial se centraba en los trabajadores de ese turno, que va desde medianoche hasta las seis de la mañana, la videovigilancia se programó para grabar una hora antes y una hora después para dejar un margen de error. Y eso ha permitido filmar los cambios de turno y, en consecuencia, ampliar la investigación a otros 12 trabajadores que trabajaban en horario diurno y que ahora han sido denunciados ante la policía por posible trato degradante a los usuarios.
El presidente de la institución, Alfonso Rubio del Castillo, ha mostrado su pesar por la aparición de nuevas víctimas. «Se trata también, como en los otros casos denunciados, de personas con discapacidad intelectual con graves afectaciones, personas absolutamente vulnerables e indefensas. Aspromanis, sus familiares y los profesionales que les atendemos somos los que tenemos que defenderles. De ahí la gravedad del comportamiento de los denunciados», aseguró en un comunicado.
Los responsables de la residencia han informado a este periódico de que ninguno de los 16 empleados señalados en la investigación está ya en contacto con los usuarios. Una de ellas ha renunciado voluntariamente, a otra se le cumplía el contrato y el resto, según la dirección, ya ha sido despedido o está en trámites de serlo. Desde el centro apuntan que, cuando SUR destapó la noticia, curiosamente se produjo una «oleada» de bajas laborales entre trabajadores de los denunciados, lo que supuso un «indicio» para los responsables de la institución confirmado ahora por los detectives privados.
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