El PP entierra la consulta ciudadana sobre los terrenos de Repsol

Por mucho que primero en enero y luego en septiembre apoyara con su voto la celebración de una consulta ciudadana para zanjar el debate sobre el tamaño que debe tener el parque en los terrenos de Repsol, el equipo de gobierno del PP nunca ha llegado a apostar decididamente por dejar en manos de los malagueños el futuro de esta parcela sobre la que el planeamiento vigente contempla cuatro torres de hasta 34 plantas para viviendas, oficinas y un hotel; otros cuatro edificios para 400 VPO, equipamientos y 70.000 metros de zonas verdes. Pese a las reticencias mostradas hasta la fecha y los continuos intentos por llegar a una solución consensuada -pero sin renunciar nunca a los rascacielos-, el PP se plantó ayer de forma definitiva y dio por enterrada la convocatoria de la consulta. La tercera reunión del grupo de trabajo integrado por los cinco grupos políticos y colectivos vecinales celebrada ayer será la última, toda vez que desde el gobierno municipal insisten en que el plebiscito es «inviable jurídicamente».

En una tensa sesión marcada por los reproches de toda la oposición y de los colectivos asistentes por haber ocultado durante tres meses un informe de la Intervención General que avala la posibilidad de que los malagueños puedan decidir con su voto, el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, puso sobre la mesa la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor el pasado día 2, para rechazar su viabilidad. La normativa estatal establece que podrá prescindirse de los trámites de consulta «cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen».

Y a eso se agarran los populares, apoyándose en los informes de la Gerencia de Urbanismo y del Área de Economía que cifran en un mínimo de 94,7 millones de euros el perjuicio que supondría para las arcas públicas renunciar a las torres de viviendas. Mientras tanto, el informe que toda la oposición (PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente) da por bueno es el del interventor, emitido el 18 de julio aunque no hecho público por el gobierno hasta el pasado viernes 14. En este documento, el habilitado nacional concluye que la consulta «no afecta a la hacienda local, sin perjuicio de las consecuencias económicas que pudiera ocasionar». En este sentido, llega a remarcar que no se puede excluir de una posible consulta un asunto porque tenga mayor o menor incidencia económica, ya que, «si fuera así, prácticamente se vaciaría de contenido esta vía de participación pues resulta difícil o prácticamente imposible que un asunto no tenga consecuencias económicas».

Escenario incierto

Tras el carpetazo dado ayer por el equipo de gobierno, la única salida para desbloquear el proyecto pasaría por un acuerdo político. Aunque a día de hoy se prevé lejano, ya que hasta en Ciudadanos, su socio de investidura, no están por la labor de seguir negociando con los populares después de que el alcalde, Francisco de la Torre, desautorizara todos los avances alcanzados con el Área de Ordenación del Territorio en los que se asumía la renuncia a los derechos urbanísticos de alguna de las tres torres que le corresponden al Ayuntamiento (la cuarta pertenece a la Sareb o 'banco malo'). El último intento del PP por convencer a Ciudadanos tuvo lugar en la mañana de ayer, aunque sin resultados. «Por nosotros no va a quedar porque la única opción es negociar», reconocía el viceportavoz 'naranja', Alejandro Carballo, quien sí que afeó a los populares que «hayan tenido escondidos los informes» y les pidió coherencia: «Si no quieren hacerla, que no voten que sí en el Salón de Plenos y luego se traigan este juego».

«La mesa se constituyó para definir algo que ahora resulta que no es viable, así que lo único que cabe es su disolución», afirmó Julio Andrade, quien trató de justificar por qué el PP ha votado dos veces a favor de la consulta asegurando que «una moción es una declaración de intenciones, pero su ejecución es otra cosa porque requiere de informes de viabilidad».

Mientras en Ciudadanos se mostraron cautos con respecto a la nueva legislación estatal -«la analizaremos y si dice que no se puede hacer, la acataremos; pero sí no lo dice, seguiremos pidiendo la consulta», precisan-, los grupos de izquierdas calificaron lo ocurrido ayer de «tomadura de pelo» y avanzaron que seguirán presionando en el Ayuntamiento y también en la calle, llamando a la movilización vecinal. «No vamos a renunciar a la consulta ni al gran pulmón verde que se merece Málaga», advirtió la concejala del PSOE, Estefanía Martín Palop, quien lamentó la «postura antidemocrática del alcalde por negarse a escuchar a la gente».

En esta misma línea, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, tachó de «vergonzosa la forma de dar carpetazo al asunto». «Mi temor era que se celebrara la consulta y que no aceptaran el resultado, pero no la cobardía de no llegar siquiera a preguntar a los ciudadanos», se quejó. Tampoco ocultaban su «enfado e indignación» en IU-Málaga para la Gente. «Nos parece de muy poca vergüenza la actitud del alcalde y no lo vamos a permitir. Vamos a luchar contra esta decisión en la institución, con los medios legales que tengamos y también desde la movilización en la calle», aseguró su portavoz, Eduardo Zorrilla, quien recordó a De la Torre que gobierna en minoría con el siguiente mensaje: «Si no quiere, no habrá consulta, pero si el resto de grupos nos mantenemos coherentes en nuestra postura, tampoco habrá torres».