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Ignacio Lillo
Lunes, 19 de septiembre 2016, 00:05
Una vez que la propuesta arquitectónica se hace pública hay dos líneas de trabajo que son necesarias: la primera es la institucional y política, que se da por lograda, una vez que desde la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de la capital (con el alcalde, Francisco de la Torre, a la cabeza); Puertos del Estado, el Ministerio de Fomento y, más recientemente, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se han manifestado claramente a favor. En este punto, sólo falta calibrar la reacción de la ciudadanía malagueña al visualizar lo que se pretende hacer en el Dique de Levante.
La segunda rama es más compleja y, sobre todo, llevará mucho más tiempo. A pesar de que ya hay una adjudicación inicial al fondo de inversión de Catar, todavía es necesaria una larga tramitación administrativa para que esta sea definitiva, lo que implica directamente a tres instituciones. La Autoridad Portuaria, con la colaboración de Puertos del Estado, tiene que completar la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (Deup), esto es, el plan de ordenación urbana de los muelles, y en el que hay que incluir el hotel. En paralelo, la Gerencia de Urbanismo está inmersa en la modificación del Plan Especial del Puerto, en la que también hay que pintar la futura torre.
Una vez que estos dos pasos se completen, que van prácticamente de la mano, tocará elevarlo a la aprobación de Puertos del Estado, con el visto bueno del Ministerio de Fomento. Por último, el Consejo de Ministros del Gobierno de España deberá aprobarlo específicamente. En este contexto, y con tantos trámites por delante, no es probable que las obras sobre el terreno puedan comenzar, al menos, hasta 2018.
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