Acuerdo entre Ayuntamiento y Sareb para la cesión de seis viviendas destinadas a familias en riesgo de exclusión

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga para ceder temporalmente seis viviendas para destinarlas a fines sociales. El convenio ha sido rubricado esta mañana por Francisco Pomares Fuertes, Teniente de Alcalde del consistorio, y por Gaspar González-Palenzuela, director de ResponsabilidadSocial Corporativa de Sareb.

Los términos del acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años, contemplan que el Ayuntamiento de Málaga se hará cargo de la gestión de los inmuebles cedidos y seleccionará a los beneficiarios de las viviendas en el marco de sus programas sociales.

Hasta un 50% de estas viviendas cedidas podrá estar ocupado por familias sin título de alquiler o propiedad, en cuyo caso el consistorio se encargará de la regularización correspondiente.A cambio de la cesión, Sareb percibirá una contraprestación fija mensual de 75 euros en el caso de las viviendas ocupadas y de 125 euros cuando se trate de viviendas vacías, con los que hará frente a los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias. Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga asumirá los gastos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Atención a las familias

Pomares ha subrayado que el Ayuntamiento de Málaga está volcado en atender a las familias en situación de riesgo de exclusión social y en posibilitar el acceso a vivienda a este colectivo.

Para ello se han puesto en marcha, desde el inicio de la crisis, distintos programas municipales para poder ofrecer vpo a familias con necesidad urgente de vivienda. Gracias a los mismos, se ha posibilitado el acceso a vivienda a cerca de 700 familias en esta situación.

Uno de ellos es el programa FRES que adjudica viviendas a Familias en Riesgo de Exclusión Social, sin necesidad de estar en el registro de demandantes. Cada uno de los casos es analizado en el Comité de Valoración, que aglutina a las áreas de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y al propio IMV. En dicho órgano se valora la dificultad, la emergencia de estas familias y la gravedad de su situación.

El perfil de los beneficiarios son principalmente familias que proceden de desahucios y ejecuciones hipotecarias de viviendas privadas, así como por otras circunstancias de emergencia.