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ANTONIO M. ROMERO
Jueves, 28 de julio 2016, 00:42
Antonio Maíllo, coordinador andaluz de IU, instó ayer al PSOE de Málaga a pedir perdón por «vender humo» con el anillo ferroviario, después de que la Unión Europea haya reclamado a España la devolución de 140 millones de euros de este proyecto fallido en la comarca de Antequera. «Miguel Ángel Heredia, secretario general del PSOE malagueño, deber pedir perdón 8.000 veces, que son los empleos que decía que se iba a crear con el proyecto, generando expectativas a miles de familias que esperan cada día un puesto de trabajo y ahora han visto frustradas sus expectativas», afirmó Maíllo en una comparecencia en Málaga junto al coordinador provincial de la coalición, José Antonio Castro, y la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere.
El líder de IU se pronunció sobre algunos asuntos de actualidad regional. Respecto a la medida de la Junta para dejar de gravar las herencias de viviendas habituales y fincas, Maíllo lo calificó de «regalo fiscal» que tendrá «un impacto mínimo» en la población ya que, según añadió, apenas beneficiará a 3.000 personas al año.
El líder de IU criticó la Alianza por el Turismo suscrita por Junta, sindicatos y empresarios al entender que no se apuesta por el empleo de calidad en este sector y alertó de una posible burbuja turística «como fue la inmobiliaria» ya que el actual aumento de ingresos proviene de la inestabilidad en el norte de África y Turquía.
«La sanidad se desangra»
Por su parte, José Antonio Castro denunció que «la sanidad malagueña se desangra» y reiteró su petición de dimisión del consejero de Salud, Aquilino Alonso.
Castro sostuvo que se están dando casos «insólitos» como que pacientes adultos que estaban en observación en el Hospital Carlos Haya fueron ingresados en el Materno o que salas del nuevo hospital de Ronda como la UCI «no están construidas con las características técnicas que requieren». El parlamentario andaluz anunció que reclamaran información al SAS sobre los complementos que está pagando a los jefes en Málaga como retribuciones de productividad «por recortar» y que rondarían los 2,5 millones de euros.
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