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F. J.
Martes, 21 de junio 2016, 01:11
Por si fueran pocas las variables que el Ayuntamiento de Málaga tiene sobre la mesa a la hora de decidir el futuro de Limasa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha añadido una más. Según anticipó su presidente José María Marín Quemada la semana pasada, el órgano regulador pretende dar un paso más allá en su política de penalizaciones prohibiendo a las empresas que sean objeto de sanción el acceso a contratos públicos.
De momento, no hay nada definitivo, pero de materializarse esta pretensión (la idea es hacerlo efectivo antes de que finalice el año) uno de los sectores afectados sería el de las compañías dedicadas a la recogida de residuos urbanos, sobre el que Competencia ya intervino a comienzos de año imponiendo una histórica multa de 98 millones de euros a 39 empresas (están todas las principales) y tres asociaciones de gestión de residuos y saneamiento urbano por repartirse el negocio a nivel nacional.
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