La oposición pide explicaciones al Gobierno andaluz por las obras sin contrato en el Clínico

Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz coincidieron ayer en arremeter contra el gobierno de la Junta tras conocer que un informe del Consejo Consultivo de Andalucía ha puesto de manifiesto que, en la última reforma del Hospital Clínico, acabada hace cuatro años, se ejecutaron obras añadidas sin contrato alguno por más de un millón de euros, como adelantó SUR. Para la parlamentaria del PP y vicepresidenta de la cámara andaluza, Esperanza Oña, este asunto supone «un nuevo ejemplo del descontrol y desbarajuste de la gestión de la Junta en todos los niveles». Oña destacó que realizar o ampliar una obra más allá de lo contratado, sin papeles de por medio, «es algo que no se puede hacer desde la administración pública» y anunció que va a solicitar al Gobierno andaluz información sobre todas las modificaciones de obras que ha realizado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los últimos años «para ver si están tramitadas correctamente».

Cuestionada sobre si el PP llevará este asunto a los tribunales para dilucidar si pudiera ser constitutivo de un delito, Oña señaló que no tienen previsto hacerlo, pero añadió que sí podría darse el caso de que algunas de las empresas que aspiraron a esta obra, y que no resultaron adjudicatarias por ofrecer un mayor precio que la constructora que la ejecutó, pudieran denunciarlo, puesto que a la postre se ha visto incrementado el presupuesto, aunque de un modo irregular.

«Una nota negra más en el proceder del PSOE en el gobierno de la Junta». Esto es para el parlamentario andaluz de IU José Antonio Castro el caso de las obras realizadas sin contrato en la reforma del Clínico. «Más que una administración pública, esto parece un chiringuito. Estamos ante una contratación verbal en la que el Gobierno regional se ha saltado la legislación vigente a la torera», subrayó Castro, quien mostró su extrañeza por el hecho de que esta irregularidad haya saltado a la palestra cuatro años después de que las obras se dieran por finalizadas.

El parlamentario de Izquierda Unida dijo que van a pedir responsabilidades al Gobierno andaluz mediante una pregunta oral y una petición de comparecencia. José Antonio Castro opinó que, pese a ser parte interesada en el asunto, la Junta debería llevarlo a los tribunales «para que se depuren todas las responsabilidades».

Por su parte, el parlamentario andaluz de Podemos por Málaga Félix Gil anunció que su grupo va a estudiar en profundidad este tema porque lo consideran «perseguible penalmente». En ese sentido, avanzó que valorarán si acuden a la Fiscalía para solicitar que se investigue de oficio lo sucedido. «Por la cuantía de los trabajos, puede haber una responsabilidad penal, vamos a verlo y tomaremos una decisión al respecto. En cualquier caso, está claro que el SAS debería haber seguido los trámites administrativos oportunos para estas obras complementarias», añadió. Este periódico intentó sin éxito conocer la postura al respecto del grupo parlamentario de Ciudadanos.