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Montse Martín
Jueves, 16 de abril 2015, 00:37
Los recortes en las administraciones públicas y la conflictividad laboral como consecuencia de la crisis ha tenido un importante reflejo en las reclamaciones en los juzgados. Y es que los empleados públicos han acudido en tromba a la vía judicial para hacer valer sus derechos, lo que ha colapsado los órganos judiciales de lo contencioso-administrativo de Málaga. En 2014 estos juzgados registraron casi 10.000 demandas, más del doble que el año anterior, según recoge los datos de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), presentada ayer por su presidente, Lorenzo del Río. De ellas, 6.000 fueron reclamaciones de personal relacionadas con la función pública, lo que representa el 60% del total. Los empleados públicos acudieron a la vía judicial, mayoritariamente, por haber sufrido modificaciones retributivas y salariales y cambios en la jornada de trabajo, entre otros asuntos. Se trata de trabajadores de la Junta de Andalucía, sobre todo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), seguidos de empleados de los ayuntamientos.
El TSJA advierte en su estadística anual de que es «probable» que esta tendencia alcista continúe a lo largo de 2015, pues además del incremento de las reclamaciones del personal funcionario y personal estatutario, los juzgados de los contencioso asumen ya algunas materias que antes resolvían las salas del tribunal superior, como son los pleitos provocados por las relaciones de puestos de trabajo dentro de las distintas administraciones.
Los siete juzgados de lo contencioso-administrativo de Málaga, que tienen ámbito provincial, registraron el año pasado 9.641 asuntos nuevos frente a los 4.437 contabilizados en 2013, por lo que se duplicó con creces el número de demandas presentadas. Esta cifra es solo superada en Andalucía por Sevilla, que registró trescientos casos más, aunque hay que aclarar también que ésta capital tiene una mayor número de funcionarios y cuenta con 14 juzgados frente a los 7 de Málaga, por lo que la carga de trabajo que soporta esta jurisdicción en nuestra provincia es muy superior y el tiempo de resolución de los asuntos es también mayor. Estos juzgados cerraron el año pasado con casi 10.500 asuntos pendientes de sentencia.
Por ello, el TSJA alerta de la compleja situación y reclama la creación de nuevas plazas de jueces en Málaga, además recomienda que se mantenga los refuerzos de dos magistrados con los que ha contado en 2014.
Los mercantiles, al límite
Por otra parte, la memoria anual reitera la difícil situación por la que atraviesan los dos juzgados de lo Mercantil de la capital, que son los que soportan una mayor carga de trabajo, que incluso ha hecho que el Defensor del Pueblo Andaluz abriera procedimientos por quejas. Y es que los 2.000 asuntos que lleva cada juzgado supera con creces el máximo de 399 que se recomienda para un normal funcionamiento. En 2014 los dos juzgados mercantiles recibieron 1.400 asuntos más que en 2014 (3.669 demandas frente a 2.288) y resolvieron más lentamente, ya que la cifra de casos pendientes al final del ejercicio creció 1% (5.365 asuntos). El TSJA echa la culpa al crecimiento de las reclamaciones de las cláusulas suelo cobradas indebidamente por muchas entidades bancarias.
Por otra parte, en 2014 se registraron 2.478 embargos en la provincia, pero se llevaron a cabo 1.241; mientras que de los 4.070 lanzamientos (desahucios) contabilizados se ejecutaron 2.648.
Para la provincia, el TSJA propone la creación de ocho nuevas plazas judiciales, una de ellas en la Audiencia para el orden civil, dos en Primera Instancia, una en Mercantil, en Penal y en Contencioso, y dos para los juzgados de Estepona.
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