Oposición y sindicatos rechazan que se contrate la limpieza por zonas cuando se extinga Limasa

La propuesta que baraja el Ayuntamiento de Málaga para el servicio de limpieza y recogida de residuos cuando en abril de 2017 expire la concesión de Limasa, consistente en crear una empresa pública que se encargue de la gestión pero subcontratando al sector privado los trabajos de calle no convence ni a los dos partidos en la oposición (PSOE e IU) ni al comité de empresa de la entidad mixta, que siguen apostando por un servicio cien por cien público. Tal y como avanzó este periódico en su edición de ayer, la alternativa a la municipalización o a la privatización total que contemplan en el equipo de gobierno del PP consistiría en dividir la ciudad por zonas o por servicios y convocar un concurso público para adjudicarlos por lotes a distintas empresas especializadas que, en cualquier caso, estarían obligadas a asumir a la plantilla actual, formada a día de hoy por 1.362 empleados fijos. Su principal aval es que permitiría al Consistorio deducir los seis millones que cada año paga de IVA por la prestación del servicio. El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, admitió ayer que esta propuesta está sobre la mesa, aunque precisando que «la decisión deberá adoptarla el gobierno que salga de las elecciones municipales», previstas para el 22 de mayo.

Para los representantes de los trabajadores, esta fórmula supone «más de lo mismo porque se sigue pensando únicamente en favorecer a los privados en lugar de mirar por la limpieza de la ciudad». Así de tajante se expresó el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, para quien «la solución más beneficiosa para la ciudadanía y para la plantilla pasa por la municipalización del servicio».

Para ello, recordó el informe interno que la dirección de Limasa elaboró en 2011 ya concluía que una entidad 100% pública generaría un ahorro de unos 12 millones de euros anuales entre el citado IVA, los alquileres, la renegociación de la deuda financiera y la eliminación de las dos cláusulas queque suponen un importante sobrecoste para las arcas municipales al margen de los 85,9 millones que paga como cliente por la limpieza, recogida y posterior tratamiento de residuos. Por un lado, la que exige la aportación unos seis millones más cada año porque la compañía está obligada a generar unos beneficios del 2% que nunca alcanza por sí sola; y el canon de asistencia técnica que les reporta cada año a los privados el 2,5% del volumen de negocio (siempre se sitúa por encima de los dos millones).

Cien por cien pública

En la misma líneas se mostraron en la oposición. «Después de 15 años pagando cantidades millonarias por la limpieza sin que se note en las calles y con la ciudad sufriendo varios conflictos laborales, el alcalde ha demostrado con creces que no está capacitado ni legitimado para abordar este asunto», afirmó la portavoz del PSOE, María Gámez, quien en su papel de candidata a la Alcaldía insistió en que su propuesta pasa por la municipalización «por lo que conlleva en ahorro de costes, la mejora en la gestión y la eficiencia en servicios para la ciudad». A su juicio, la propuesta que baraja el equipo de gobierno «se parece bastante a lo que ya hay». «Es una privatización dividida en trozos que lo único que persigue de debilitar la fuerza de los trabajadores».

Para IU supone incluso una privatización «mayor incluso que la de ahora, que es mixta». En este sentido, su portavoz en el Ayuntamiento, Eduardo Zorrilla, también apuesta por una gestión cien por cien pública. «Es más eficiente, más económico y también el modelo más beneficioso para los ciudadanos porque repercutiría en un mejor servicio».