Los proyectos de investigación, un ‘mal negocio’ para la UMA

Los proyectos de investigación, tan demandados por los grupos y los responsables universitarios, resultan ser un mal negocio para la institución académica, ya que la dotación económica de los mismos no llega a cubrir el 60 por ciento del coste real que genera esta actividad en los departamentos y servicios universitarios, «lo que obliga a financiar su coste con recursos de otras actividades», recoge el informe sobre financiación de la UMA al que ha tenido acceso SUR.

Esto se debe a que existen muchos proyectos de investigación, especialmente para equipamiento científico solicitado por los investigadores, en los que la financiación concedida para cubrir sus costes es inferior al gasto indirecto que dicho proyecto representa para la Universidad. «El mantenimiento de algunos de ellos, desde una perspectiva exclusivamente económica, supone un coste difícil de soportar por la Universidad a medio plazo», sostiene el informe. La Universidad de Málaga cuenta en sus departamentos con más de 300 grupos de investigación.

Otro problema se genera a la hora de justificar los gastos y liquidar estos proyectos. En muchas ocasiones, el organismo que los concedió (se refiere expresamente a la Junta de Andalucía) los modifica unilateralmente, generando «un serio problema en la gestión de los proyectos, tanto para los investigadores responsables como para los servicios de gerencia, así como en el coste final que en ocasiones los mismos acaban suponiendo para la Universidad».

Viabilidad

Por esto, los autores del informe proponen que, además de priorizar los proyectos de investigación que los grupos solicitan, especialmente para equipos científicos, realice una valoración económica sobre la viabilidad de los mismos antes de su solicitud, es decir, analizar previamente que el proyecto sea asumible, que existan los recursos necesarios para su puesta en marcha o que el coste de su mantenimiento sea soportable a medio plazo. En opinión de los redactores del informe, la Universidad debe exigir, en aquellos proyectos y contratos de investigación cuyos gastos indirectos están subfinanciados, un porcentaje que cubra los mayores costes indirectos.

Y, para hacer frente a otro de los problemas detectados, la modificación unilateral de las liquidaciones, consideran que debe exigirse a los organismos convocantes de los proyectos de investigación que respeten y no modifiquen en el momento de la liquidación las partidas de gastos elegibles. Asimismo, indican que debería ajustarse la financiación en concepto de costes indirectos de los proyectos al gasto indirecto que realmente supone para la universidad. Para esto, no se deberían establecer los costes indirectos «de una forma casi estandarizada, como viene sucediendo, del 21 por ciento sobre los gastos generales, sino en función de las características y necesidades de cada proyecto».

Otra de las propuestas encaminadas a mejorar la financiación indica que la Universidad debe aumentar progresivamente el 15 por ciento de retención que actualmente se aplica en los contratos y convenios que se realizan en el sector privado, así como por los ingresos en cursos o titulaciones propias.