El Ayuntamiento endurece los embargos para garantizarse el cobro a morosos

El Ayuntamiento de Málaga ha intensificado en el último año las medidas para rastrear el patrimonio de sus deudores a la hora de someterlos a operaciones de embargo. Así se desprende de una información facilitada por el equipo de gobierno al grupo municipal de Izquierda Unida en la que se observa que el número de diligencias de embargo emitidas a lo largo de 2013, en concreto 426.042, supone un incremento del 14% respecto a las cursadas el año anterior. En la respuesta se especifica que el número de diligencias no se corresponde con el de morosos, ya que sobre un mismo deudor suelen recaer varios procedimientos de embargo.

Fuentes municipales explicaron que este incremento de las diligencias de embargo no implica que exista una mayor morosidad en el pago de tributos, tasas o sanciones, sino que se debe a que, por parte del organismo autónomo de Gestión Tributaria, se han incrementado e intensificado las medidas confiscatorias para poder garantizar el cobro de los saldos deudores. «Si antes se rastreaba un determinado número de cuentas bancarias, ahora se amplían las diligencias y se consulta en más para que existan mayores posibilidades de encontrar patrimonio que poder embargar en cada caso concreto», comentaron. No obstante, reconocieron que se trata de un modo de actuar «complicado» para el Ayuntamiento ya que en ocasiones resulta casi misión imposible encontrar algo que poder confiscar a los deudores, ya sea en metálico o en bienes materiales. Lo que habitualmente se rastrea son cuentas corrientes, nóminas y fondos de pensiones.

Prueba de ello es que esta intensificación de las medidas de embargo no va aparejada de un incremento de la recaudación por esta vía. Así, los importes embargados descendieron de los 5.267.637 euros recabados en total en 2012 a 5.010.119 euros el año pasado, un 5% menos.

Plazos especiales por la crisis

Desde el equipo de gobierno recordaron que los procedimientos de embargo solo se inician cuando el contribuyente no ha cumplido pese a los aplazamientos de cobro ofrecidos por el Ayuntamiento. En ese sentido, recordaron que, desde hace dos años, está en vigor una resolución del gerente de Gestión Tributaria, Juan Manuel Ruiz Galdón, que permite aplazar el pago de deuda tributaria hasta en tres años para los casos en que ésta supere los 9.000 euros. Dicha orden, motivada por el considerable incremento de las peticiones para aplazar o fraccionar el pago de impuestos o sanciones a consecuencia de la crisis, contempla un plazo de hasta 30 meses para los casos de deudas cuyo importe se encuentre entre 3.000 y 9.000 euros, de hasta 24 meses para las deudas entre 1.500 y 3.000 euros, de hasta 18 meses entre 500 y 1.500 euros y de hasta 12 meses entre 150 y 500 euros. No se pueden solicitar aplazamientos de cobro para las deudas tributarias inferiores a 150 euros ni para las multas de tráfico en periodo voluntario de pago.

Las fuentes recalcaron, no obstante, que son mayoría los contribuyentes que, pese a las estrecheces de la crisis, cumplen con sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y apuntaron que, a falta de terminar de recabar los últimos datos al respecto, se observa que el nivel de morosidad en ese sentido ha podido disminuir porcentualmente en el último año.