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Juan Cano
Domingo, 17 de agosto 2014, 02:04
1- Ocho de las 20 empresas investigadas se pusieron en marcha días antes de recibir las subvenciones.
2- Otras ocho ni siquiera se encontraban de alta al concederles las ayudas, sino que lo hicieron tras la publicación de las mismas.
3- Seis entidades se dieron de baja en la Seguridad Social tras terminar el periodo de la resolución, o antes incluso de que finalizase. Alguna dejó de existir tras el cobro de los fondos públicos.
4- Nueve empresas subcontrataron los cursos o realizaron facturas circulares entre empresas de las mismas personas o del entorno para justificar gastos.
5- Incumplimiento generalizado del compromiso de contratación mediante falsas promesas de empleo u ofertas de «contratos imposibles» para puestos de trabajo mal remunerados y a grandes distancias.
6- La policía sospecha que dos de las entidades, a las que denomina cazasubvenciones, se dedicaban a obtener ayudas en distintas provincias pese a carecer de actividad real en ellas.
7- Falsedad en la presentación de la documentación aportada en las solicitudes y en la adjudicación de los contratos, así como simulaciones contractuales.
8- Falsificaciones de los partes diarios de asistencia de los alumnos, a los que, en ocasiones, presionaban para que no abandonaran los cursos bajo la amenaza de la visita de un inspector.
9- Adjudicaciones a dedo, por la vía de la concurrencia no competitiva.
10- La labor de control, seguimiento e inspección de los cursos ha sido casi «inexistente».
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