El magistrado pide a la Fiscalía que investigue si hubo prevaricación

Uno de los aspectos más llamativos de la sentencia de los juzgados de lo Contencioso Administrativo es que encuentra en la autorización que otorgó la Junta a la fábrica de La Araña en 2007 indicios de un posible delito de prevaricación. De hecho, el juez pide en su fallo que el asunto se traslade a la Fiscalía Provincial de Málaga para que lo investigue. Para ello, se basa en que, un mes antes de que el entonces delegado de la Consejería de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, firmara la resolución concediendo la autorización ambiental integrada a la fábrica, los responsables de Financiera y Minera le comunicaron por escrito que no podrían cumplir con los límites de emisión a la atmósfera de óxido de nitrógeno establecidos por la ley hasta finales del año 2009. Según el juez, que Trillo firmara el permiso sabiendo esto invade «presuntamente terrenos propios del ilícito penal de la prevaricación».

Sobre esta cuestión, que ha cogido por sorpresa a los vecinos, puesto que ellos no habían solicitado que se investigara si había delito en el modo de actuar de la Junta, Ignacio Trillo, que fue destituido como delegado de Medio Ambiente en 2008 tras ocupar el puesto durante doce años, aseguró ayer que está tranquilo y convencido de que el asunto «no va a llegar a nada porque los vecinos ya han intentado más veces llevarlo por lo penal y ha sido archivado». Trillo recordó que la fábrica realizó una inversión «muy fuerte» para adecuar sus instalaciones.