La cárcel de Archidona suma 1,6 millones en gastos de mantenimiento tras tres años vacía

Aunque la cárcel de Archidona sigue cerrada tres años después de su construcción, cada noche se ilumina en todo su perímetro y en parte de sus instalaciones generando un gasto de luz en una superficie similar a la que ocupan doce campos de fútbol. Aunque no tenga presos, motivos de seguridad obligan a mantenerla con vigilancia. Esto hace que tener cerrada la segunda prisión de la provincia conlleve un coste anual para las arcas del Estado de 540.000 euros en mantenimiento, por lo que tras tres años de cierre el montante supera los 1,6 millones de euros que están cayendo en saco roto.

En el último mes se ha visto unsigno de luz hacia la apertura del centro, el Gobierno a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado parcialmente el concurso para la dotación de mobiliario y otros equipamientos, aunque no se espera la apertura durante este año, ya que falta lo más importante, el personal, es decir, la oferta de empleo público que permita contratar a los funcionarios necesarios para poner en marcha el centro penitenciario y dar un respiro a las instalaciones de Alhaurín de la Torre.

Instituciones Penitenciarias ha licitado ya parte del equipamiento por 3,5 millones de euros. El 12 de diciembre el BOE publicó la primera partida y se han ido sucediendo varias más. El 25 de enero termina el plazo para la presentación de ofertas a los concursos de mobiliario de cocina, panadería, lavandería, sillas y estanterías o equipamiento textil. Asimismo, hasta mediados de febrero se podrán presentar las ofertas para el equipamiento informático y de seguridad, con un presupuesto de licitación de casi un millón. En este caso, el soporte informático es vital al suplir la habitual torre de vigilancia de los centros penitenciarios. En la inversión de equipamiento restarían otros 2,5 millones de euros más para el mobiliario de la enfermería y las instalaciones deportivas y culturales, entre otras cuestiones.

La alcaldesa de Archidon, Mercedes Montero (PSOE) es la primera que reclama la apertura del centro penitenciario y afirmó que la no apertura de esta prisión está suponiendo un daño en el bolsillo de los españoles. Poco sabe desde la reunión en el mes de octubre con el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. En aquella visita, el secretario general de Instituciones Penitenciarias aseguró que la oferta de empleo público se iba a concretar a principios de este año y que las instalaciones podrían entrar en funcionamiento de forma parcial a finales de 2016 y de forma total en 2018. Para comenzar a funcionar, el centro penitenciario necesitará al menos 300 funcionarios.

La cárcel contó para su construcción con una inversión de 130 millones de euros. Está compuesta por 1.008 celdas en 12 módulos residenciales, cuatro polivalentes, uno de régimen cerrado, otro de ingresos, salidas y tránsitos y otro de enfermería. Además, cuenta con talleres productivos, un edificio deportivo-cultural, cocina-panadería y lavandería.