Una juez estudia una denuncia por presuntas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento

El Juzgado número 1 de Antequera ha admitido a trámite una denuncia por presunta prevaricación presentada por Miguel Cobos, vecino de la localidad, por supuestas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de la ciudad desde el año 95, etapa en que gobernaba el socialista Ricardo Millán, hasta 2011, en que accedió al cargo el actuar regidor del PP, Manuel Barón. La magistrada citó ayer a ambos para comunicarles que en el plazo de una semana decidirá si sigue adelante con la instrucción de la causa o procede a su archivo.

La denuncia contra el Ayuntamiento ha sido presentada por un particular, por considerar que el Consistorio actuaba irregularmente en contrataciones públicas de personal desde 1995 hasta marzo de 2011, tres meses antes de que Barón accediera al cargo. Cobos denuncia «el enchufismo» que ha existido en el Ayuntamiento en el período señalado, ya que pese a crear una comisión de empleo para controlar a quién se contrataba, «solamente se ha hecho un proceso legal de un proceso laboral» desde entonces. Cobos es actualmente uno de los trabajadores de los proyectos PROFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario) en la comarca y reivindica que en los anteriores gobiernos no se contrataba, ante lo que defendió que «toda persona tenga la oportunidad de trabajar en el Ayuntamiento».

Citación

Ayer la juez citó al actual mandatario y a su antecesor en el cargo para informarles del curso de la querella, lo que causó sorpresa entre las filas de los dos partidos mayoritarios. Ana Cebrián, secretaria general del PP en Antequera, mostró su sorpresa ante el hecho de que tuviera que acudir el actual primer edil, ya que «la denuncia se hace basándose en unos hechos que supuestamente se cometieron entre 1995 y marzo de 2011, y Manolo Barón, como todos sabemos, tomó posesión en junio de 2011».

Cebrián confirmó a SUR que «tras aportar la documentación acreditativa de este hecho a la juez, ésta ha determinado que ni siquiera tenía que declarar y así ha sido, Manolo no ha declarado, ya que no era alcalde en la época a la que se refiere la denuncia. No tiene nada que aclarar quien nada tiene que ver, puesto que no depende de su gestión».

Por su parte, en una línea similar la secretaria general del PSOE, Pepa Arranz, insistió en que «no han tenido que declarar ninguno de los dos alcaldes porque la jueza no ha visto motivo. Parece ser que ha pedido a Miguel Cobos el denunciante que se ratificara en lo que ha denunciado». «No vería ningún motivo para que se celebre un juicio y pasado este tiempo, lo más normal es que se archive el caso». Si no hubiera juicio, según Arranz, se evidenciaría «que no da lugar a que lo que este hombre dice sea verdad; a mí me consta que no lo es», subrayó.

La dirigente socialista se remitió a respetar lo que diga y dictamine la ley. «Durante los años de gobierno socialista, los alcaldes, los ediles, han aprobado las cosas por pleno, por comisiones de gobierno y todos las ratifican y todos firman y han actuado bien», propugnó Arranz.