La Fiscalía acusa a un funcionario de Benalmádena de falsear 74 contratos

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Málaga la apertura de juicio oral contra un funcionario del Ayuntamiento de Benalmádena y dos promotores urbanísticos por la presunta adjudicación de contratos por valor de más de 634.000 euros. El técnico municipal, cuyo nombre corresponde a las iniciales T. J. P., fue responsable de la sección de Vía y Obras en 2009 y 2010, cuando, según las diligencias previas abiertas por el fiscal, aprobó el fraccionamiento de varios proyectos en múltiples obras con el objetivo de que pudieran ser adjudicadas de forma directa como contratos menores. La acusación pública sostiene que las dos empresas pertenecientes a los promotores acusados eran las adjudicatarias de la mayoría de estas obras, que en ocasiones ni siquiera llegaron a ejecutarse.

En el caso de los proyectos que se realizaron, el fiscal asegura que se acabaron ejecutando «por cantidades muy superiores a las inicialmente licitadas, sin que existieran circunstancias que lo motivaran». El Ayuntamiento inició en 2011 una investigación interna tras detectar supuestas irregularidades en las adjudicaciones aprobadas por el técnico, como la duplicidad de algunas facturas. Un primer informe del Área de Intervención señaló que 178 de las 209 facturas presentadas por contratistas en los últimos meses correspondían al mismo empresario.

Las operaciones investigadas tuvieron lugar bajo el mandato de Enrique Moya (PP). Su sucesor, Javier Carnero (PSOE), ordenó que se investigaran los hechos y trasladó la información a la Fiscalía. Tras la moción de censura que lo apartó de la Alcaldía, Carnero puso el asunto en conocimiento de Paloma García Gálvez (PP). El Consistorio acabó personándose como acusación particular y abrió un expediente contra el técnico municipal, quien, a falta de una resolución judicial firme, continúa trabajando para el Ayuntamiento, aunque sin la responsabilidad que ostentaba con anterioridad.

En su escrito de acusación, al que este periódico ha tenido acceso, la Fiscalía detalla algunos de los expedientes de obras que se pagaron por importes superiores a los licitados. Es el caso de la reordenación de la avenida Federico García Lorca, adjudicada por 981.193 euros, cantidad a la que posteriormente se le sumaron 356.000 euros más, o de la mejora de la avenida Antonio Machado, licitada por 660.000 euros y modificada en 496.000 euros más. También la regeneración urbana de la avenida de la Constitución vio ampliada su partida en 454.000 euros sobre la cantidad que figura en la adjudicación. El fiscal determina que en estos casos «no se ha justificado debidamente la necesidad del incremento presupuestario ni el destino final del dinero».

El funcionario, en concepto de autor, y los promotores, en concepto de inductores, están acusados de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía afirma que T. J. P. acordaba con uno de los contratistas la conformidad de una serie de facturas pese a que algunas «no se correspondían con proyecto alguno o estaban duplicadas». En concreto, la acusación pública revela la existencia de 74 contratos de proyectos que no constan en el Área de Vías y Obras del Ayuntamiento. Como ejemplos, el fiscal cita la rehabilitación de la entrada al polígono industrial de Arroyo de la Miel, la construcción de un muro de contención en la carretera de la Costa del Sol o la remodelación de la plaza Andalucía.

El perjuicio ocasionado al Ayuntamiento de Benalmádena asciende, siempre según las diligencias previas abiertas por la Fiscalía, a 635.796 euros. La acusación pública solicita la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años y una pena de prisión de seis años para los tres acusados. Además, en concepto de responsabilidad civil, el fiscal exige al funcionario y al promotor cuyo nombre responde a las iniciales V. H. P., el pago de 260.587 euros. Al segundo promotor acusado, con iniciales M. G. V., la Fiscalía le solicita el abono, también junto al empleado público, de 374.796 euros.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento, en un informe enviado al Juzgado número 2 de Torremolinos, sostiene que los hechos también son constitutivos de supuestos delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, falsedad documental en documento oficial y falsedad documental en documento mercantil. El informe del Consistorio recuerda que la conformidad del funcionario era el requisito necesario para que las facturas fuesen reconocidas y concluye que la prevaricación «es evidente, patente, flagrante y clamorosa».