El juez investiga las retribuciones de los consejeros de la sociedad Puerto Deportivo

Las dudas sobre presuntas irregularidades en la gestión de Puerto Marina vuelven a dispararse después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos haya ordenado al Ayuntamiento de Benalmádena que informe sobre las retribuciones económicas que perciben los consejeros de la sociedad municipal Puerto Deportivo S. A. y detalle la potestad y procedimiento para fijar esas retribuciones. El escrito del juzgado, remitido el 18 de febrero y con sello de entrada en el Consistorio el 5 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, reclama un informe que determine si las partidas destinadas a estas supuestas retribuciones requieren o no autorizaciones de gasto.

El Ministerio Fiscal instruye en la actualidad diligencias previas contra la mayor parte del consejo de administración del puerto, incluida la alcaldesa, Paloma García Gálvez (PP), y trata de aclarar, entre otros asuntos, los pormenores del modo en que se aprobó una asignación de 600 euros mensuales en beneficio de Francisco Salido, por entonces primer teniente de alcalde y concejal del Puerto Deportivo, labor por la que ya recibía unos 44.000 euros brutos anuales. La nueva retribución de 600 euros fue puesta en vigor en 2011, cuando Salido gobernaba con el PSOE e IU, y ratificada en 2012, cuando lo hacía con el PP. El líder de Unión Centro Benalmádena (UCB) presentó una moción de censura en el verano de 2012 junto al PP que llevó a los populares hasta el gobierno y rompió el tripartito formado por el PSOE, IU y la propia UCB.

SUR ha tenido acceso también al acta en el que se ratificó esta polémica asignación mensual, justificada por García Gálvez bajo el argumento de evitar un agravio comparativo con el resto de consejeros delegados. Según consta en el acta, el representante del PSOE en el puerto, José Luis Molina, respondió que entendía que era «totalmente ilegal ratificar un cobro sin ser aprobado por ningún órgano», a pesar de que su propio partido lo había aceptado un año antes. La votación se saldó con dos negativas, las de los miembros del PSOE e IU en la empresa municipal, y los votos a favor de siete consejeros, entre ellos la regidora y el propio Francisco Salido.

No es la primera vez que una partida cargada al puerto, probablemente la empresa municipal más rentable de Benalmádena, está en el ojo del huracán. En 2012, ya bajo mandato del PP y UCB, la oposición denunció un supuesto caso de favoritismo en la adjudicación de un concurso público de una zona de ocio en el recinto portuario después de detectar que la mesa de contratación estaba integrada por técnicos externos entre los que se encontraba el director general de una de las empresas supuestamente beneficiadas por distintas adjudicaciones.

En febrero de este mismo año, el exalcalde socialista Javier Carnero tuvo que dejar el quinto puesto que ocupaba en la lista del PSOE por Málaga para las elecciones andaluzas después de conocerse su imputación por presuntos pagos por valor de 140.000 euros que, según Salido, autorizó de forma directa y sin tener facultades para ello en beneficio de dos clubes deportivos locales. En uno de estos clubes era tesorero su primer teniente de alcalde, Joaquín Villazón.

Denuncias continuas

Salido interpuso la denuncia contra Carnero, de quien fue socio de gobierno, el año pasado, cuando aseguró haber tenido constancia de los hechos, pese a que los pagos se produjeron siete años antes. La gestión de Salido al frente del puerto ha sido motivo de continuas denuncias por parte de la oposición, que reclama desde hace meses un informe de fiscalización para controlar las cuentas de la empresa municipal, algo que sí ocurrió con el comedor social, la otra gran punta de lanza del programa de UCB, con nefastas consecuencias para la formación independiente, ya que se reveló un desfase económico superior a los 250.000 euros. Salido y otras cinco personas del entorno de UCB, entre los que están su hermano y su cuñado, se encuentran imputados por este caso. Además, el Área de Intervención del Ayuntamiento no ha firmado las cuentas del puerto en los dos últimos años alegando su imposibilidad de controlarlas.

La gestión de Puerto Marina resulta clave para entender la agitación política de Benalmádena en los últimos años. No obstante, la ruptura del pacto de gobierno entre el PP y UCB se produjo después de que Salido no atendiera la orden de la alcaldesa de retirar de su puesto al vicepresidente de UCB y gerente del puerto, José Manuel López Merino, condenado a seis meses de cárcel, pena conmutada por una multa económica, por ejercer como abogado sin estar colegiado.