Investigado el Jefe de la Policía Municipal de Vélez en una macrooperación por supuesta corrupción en contratos de seguridad vial

AGUSTÍN PELÁEZ | JUAN CANO | MELCHOR SÁIZ PARDO | ÁLVARO FRÍAS

Martes, 3 de julio 2018 | Actualizado 04/07/2018 08:49h.

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El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha recuperado la normalidad después de más de cuatro horas de registro por parte de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dentro de una macrooperación contra la corrupción que abarca a una veintena de municipios de toda la geografía española, entre ellos el de la capital de la Axarquía. La investigación tiene como punto de mira una gran red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de gestión y ordenación del tráfico a una empresa tecnológica radicada en Cataluña, Aplicaciones Gespol SL, una firma del grupo Sacyr.

Según ha declarado el alcalde veleño, el socialista Antonio Moreno Ferrer, junto al Ayuntamiento se ha registrado también la Jefatura de la Policía Local. Moreno ha manifestado que lo que querían saber los agentes es conocer si el Ayuntamiento había mantenido o mantiene algún tipo de relación con dicha empresa a partir de 2010 hasta la fecha. El alcalde ha asegurado, una vez concluido el registro, que las áreas de Intervención y Tesorería han podido comprobar que no se ha mantenido ninguna relación comercial o de trabajo con tales empresas, ya no sólo desde 2010, sino desde 2003. No obstante, la UDEF se ha llevado copias de los discos duros de los departamentos de Contratación del Ayuntamiento y de la Jefatura de la Policía.

Moreno ha declarado que los agentes de la UDEF han trasladado al Jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya de Hombre, a la Comisaría Provincial para tomarle declaración como investigado. El regidor ha hecho un llamamiento para respetar la presunción de inocencia, por lo que ha manifestado como como responsable de la Policía Municipal no tomará ninguna medida hasta tanto no conocer cómo quedará la situación del funcionario.

La letrada del jefe policial, Susana Sánchez, ha señalado que su cliente está colaborando con la investigación, que está extrañado porque no ha mantenido ni mantiene relación ni conoce a la empresa en cuestión y porque esas son cuestiones de competen a otros departamentos municipales. Asimismo ha manifestado que no se ha llevado a cabo ningún registro en su domicilio particular.

Los registros tanto en el Ayuntamiento como en la jefatura policial se iniciaron antes de las 8 de la mañana y ha finalizado en el caso de las instalaciones policiales pasadas las 11.00 horas, y en el Consistorio poco antes de las 12.30. Ha sido el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona el que ha autorizado las entradas y registros en los Ayuntamientos.

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desatado a primera hora de la mañana de este martes una macro operación en multitud de municipios de toda la geografía española contra la corrupción. El operativo, en el que participan 600 policías, tiene su origen en varias poblaciones catalanas, aunque la trama se extiende, según las investigaciones coordinadas por la Fiscalía Anficorrupción, por muchas otras provincias.

El centro de la trama pivota sobre el empresario leonés José Luis Ulibarri, ya investigado en el marco de la trama Gürtel. Ulibarri, dedicado a los medios de comunicación y a otras actividades, podría haber realizado funciones de comisionista para la trama desarticulada hoy, en la que se prevé la detención de 66 personas, entre ellos Sadat Maraña, asesor actual de Ciudadanos en la Diputación de León.

Según informa Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona ha ordenado registros en 22 municipios: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plansencia, Tiana, San Andrés de Rabanedo, Vélez-Malaga, Villanueva de las Cañada, Léon, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre. Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación la Diputación de Alicante y en los municipios: de Mataron, Motgat, Pineda de Mar, Premia de Mar, Rubí, Alde del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logro, O'Grove, Sant Vicent de Raspeig y Vitoria.

Entre los consistorios investigados hay mayoría del Partido Popular, aunque también de alcaldías dirigidas por otros partidos y se prevén detenciones de miembros de diversas formaciones. En el caso de Vélez, actualmente está gobernada por un cuatripartito compuesto por PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, expulsado de Cs, José Antonio Moreno Ocón. El alcalde veleño es el socialista Antonio Moreno Ferrer. Los documentos son del periodo investigado 2010-2011. En 2010 y hasta junio de 2011 gobernaba en el municipio el PSOE con IU y el GIPMTM. Entonces era alcaldesa María Salomé Arroyo. A partir de junio de 2011, el gobierno pasó a manos del PP con mayoría absoluta.

Hay también encausados varios jefes de las policías locales por intermediar para que los municipios contrataran los servicios y los software de la empresa bajo sospecha. Las acusaciones de Anticorrupción son, entre otras, prevaricación, malversación, falsificación, cohecho, delitos contra la administración e integración en organización criminal.

La 'operación Enredadera' arrancó en 2016, al comprobar que la empresa bajo sospecha habría cerrado varios contratos fraudulentos en Cataluña para la instalación de semáforos y cámaras a un precio claramente hinchado. Posteriormente, los agentes descubrieron que esta práctica se había extendido por muchos otros consistorios.

Sacyr, por su parte, ha abierto una investigación interna en Aplicaciones Geopol, la filial que está siendo investigada en el marco de dicha operación, tal y como lo anunció la propia compañía de construcción que, además, manifestó su disposición a colaborar con la Justicia «en todo lo que sea necesario para aclarar el caso».