El decreto para regularizar las casas en el campo se enquista tras tres años en vigor

El decreto andaluz 2/2012 entró en vigor el 1 de marzo de hace tres años. Han pasado 1.095 días. En este tiempo, la normativa que buscaba dar una salida legal al caos urbanístico generado en la última década en el suelo no urbanizable de la región no ha visto cumplidas sus pretensiones iniciales. De hecho, los propietarios hablan abiertamente de «un fracaso» al hacer balance de lo ocurrido. Así lo entiende, al menos, por ejemplo, el portavoz de la Asociación Save Our Homes- Salvemos Nuestras Casas (SOHA), por sus siglas en inglés, Mario Blancke, que es además concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alcaucín por Los Verdes.

«El balance es muy negativo, porque desde el principio ya dijimos que era una normativa totalmente insuficiente, que se quedaba muy corta, al crear la figura del Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) para reconocer a todas estas viviendas. Es un nombre que no nos gusta, porque no nos da seguridad jurídica», argumentó a SUR el edil alcaucimeño, para quien ha quedado demostrado la «ineficacia» del decreto «porque de hecho no se han cumplido las previsiones optimistas de la Junta de Andalucía y podemos decir abiertamente que el decreto no ha servido para nada», consideró Blancke, quien dijo que la convocatoria anticipada de elecciones ha conllevado «una nueva frustración» para el colectivo de propietarios.

«Teníamos depositadas muchas esperanzas en la presidenta Susana Díaz, quien anunció en septiembre que se iba a modificar la LOUA para buscar una solución a las parcelaciones en el suelo no urbanizable, que sólo en la provincia de Málaga podría beneficiar a 3.000 personas, pero ahora todo ha quedado paralizado a la espera de que se configure el nuevo Parlamento andaluz, y a ver qué resultados hay en las elecciones», aseguró Blancke.

Según las estimaciones de este colectivo así como de grupos ecologistas como Gena, sólo en la provincia existen más de 50.000 edificaciones levantadas en el suelo no urbanizable, de las que casi la mitad están ubicadas en la Axarquía. En la comunidad andaluza la problemática supera las 300.000 unidades, con provincias especialmente afectadas, como Almería o Cádiz. «En el interior también hay muchas, en Córdoba o Sevilla, lo que pasa es que parece que de ellas no se habla», opinó el edil. La Junta no ha dado cifras concretas del fenómeno, aunque sí en algunas zonas, como la Axarquía, donde poco antes de publicar el decreto aseguró que había inventariadas unas 12.000 edificaciones en suelo rústico.

Críticas de los ecologistas

Según las previsiones que se manejaban por aquel entonces, sólo un 10% podrían aspirar a ser legalizadas. «En Alcaucín sólo hemos completado una declaración como AFO, y encima ha sido de una vivienda en el casco urbano», manifestó Blancke, quien añadió que otro de los frentes que mantienen abierto es de la reforma del Código Penal, que han llevado al Senado. El próximo día 12 está previsto que se vote una propuesta del PSOE para instar al Gobierno central a cambiar la ley «para proteger a los compradores de buena fe», de manera que se garantice el cobro de las indemnizaciones en caso de derribo.

A nivel autonómico el asunto del urbanismo irregular en el campo también se ha convertido en un frente de batalla entre los dos grandes partidos. El PP, a través de su candidato, Juanma Moreno Bonilla, viene prometiendo una ley «de punto y final». Por su parte, el PSOE defiende los cambios planteados en la LOUA.

La visión más crítica de la situación la ofrecen los ecologistas. El portavoz de Gena, Rafael Yus, dijo que el decreto ha sido «un mecanismo de la Junta para tapar sus vergüenzas, porque durante muchos años miraron para otro lado, con la complicidad de los ayuntamientos, que veían en el urbanismo en el campo una vía rápida para obtener ingresos». «Se ha estado fomentando y amparando a delincuentes urbanísticos», añadió.