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SEVILLA.
Jueves, 7 de septiembre 2017, 00:57
Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, ha presentado en Italia una denuncia contra la ley de violencia de género española, al entender que vulnera los derechos de los hombres, y contra periodistas y políticos a los que acusa de haberle difamado en redes sociales ... y medios de comunicación. La denuncia incluso implicaría a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pues el escrito indica que «deberán responder ante la justicia italiana, la presidenta de una comunidad autónoma española y varias parlamentarias españolas que, en Italia, no poseen la especial protección que poseen en España».
Los abogados de Arcuri difundieron un comunicado a las agencias informativas, que hasta llega a comparar la situación con el juicio de Nüremberg y dice que la madre utiliza la ley para justificar el «secuestro» de los hijos.
La representación de Arcuri, Sariego Abogados, ha pedido auxilio al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante la Comisión Europea, a través de varios europarlamentarios italianos, ante la que consideran «inadmisible intromisión» en la vida privada de su representado.
Aseguran que la ley de violencia de género española «vulnera sus derechos y los de todos los hombres que vivan en España», que sufren una discriminación «intolerable», dado que basta con que una mujer diga que es maltratada «para que los derechos humanos que posee todo ciudadano europeo que viva en España desaparezcan». Así, los derechos de los niños reconocidos en los tratados internacionales «desaparecen en España, en cuanto una mujer dice que es maltratada».
«Llama la atención la estrategia del entorno de Juana y de los medios que la apoyan, por su similitud con la estrategias que usaron los criminales nazis, en el tribunal de Núremberg, para justificar sus atrocidades», manifiestan.
Los abogados aseguran que Arcuri es inocente y que cualquiera que desde los medios de comunicación le difame o calumnie deberá responder ante los tribunales de justicia italianos «por su irresponsable comportamiento social y mediático».
«Es intolerable que se diga que Italia no se protege a las personas maltratadas en el ámbito familiar», añade el comunicado, que precisa que ya se ha presentado una demanda para pedir una «indemnización millonaria» contra periodistas y políticos que, consideran, han difamado a Arcuri en redes sociales y medios de comunicación.
Finalmente, indican que, por consejo de psicólogos italianos, en los niños que han sufrido un secuestro físico y emocional como el de los hijos Arcuri y Rivas resulta «recomendable cortar todo contacto con aquellas personas que los tuvieron secuestrados».
El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que representa a 270.000 mujeres de 2.277 asociaciones, declaró su «indignación por el cuestionamiento permanente de la aplicación de la Ley estatal de Violencia de Género».
Por su parte, Juana Rivas declaró ayer que Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar y al que en 2016 denunció por malos tratos, «no merece» la custodia compartida de los dos hijos que tienen en común y pidió «apoyo» a la justicia española para no tener que regresar a Italia, convencida de que el padre le ha ofrecido esta medida para «controlarla» y de que, una vez allí, «seguiría el maltrato». Confirmó que sigue sin poder hablar con los pequeños.
Rivas dijo en un programa de televisión que Arcuri la maltrató en numerosas ocasiones y que le dijo que «aún no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir». Incluso confesó que llegó a hacerse sus necesidades encima mientras él intentaba estrangularla.
Según recoge la web de T5, Juana Rivas denunció que su pareja «me encerraba, y mi hijo mayor me daba una llave para que escapara» y que llegó a arrastrarla por todo el pueblo y le pegó por pedir un cigarro y abofeteaba «para que no durmiera y siguiera oyendo sus insultos».
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