Una 'comisión de la verdad' investigará los crímenes del franquismo

La Ley de Memoria Histórica va a situar a Andalucía en la vanguardia de la reparación de las víctimas de la represión por la guerra y el franquismo, después de que la norma del mismo tipo aprobada en 2007 por el Gobierno de Zapatero quedara prácticamente derogada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que no le dotó de presupuesto a su llegada.

La norma, cuyo nombre exacto es Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aporta novedades importantes, que entrarán en vigor en cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). Entre ellas, la más controvertida es la previsión de crear una comisión de carácter independiente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía, una especie de «comisión de la verdad», aunque no se llamará así, cuyo dictamen se uniría a un organismo similar nacional que el PSOE quiere crear.

La ley extiende su ámbito de actuación desde la proclamación de la República, en 1931, hasta el Estatuto de Autonomía andaluz, 1982, y amplía la consideración de víctima los familiares de éstas, sean fusilados, guerrilleros, exiliados o represaliados; a grupos que sufrieron especial vejación, como los homosexuales y las mujeres vejadas y se extiende hasta los niños robados.

Además de proponerse la excavación de fosas, refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves 'de memoria', y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática. En las escuelas se incluirá el estudio de esta etapa histórica.

Además, la Ley faculta a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establece la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido. Establece también un régimen de sanciones.