La mujer asesinada en Olivares había pedido una orden de protección, que le fue denegada

El asesinato de una mujer en la localidad sevillana de Olivares, cuarta víctima de violencia de género este año en Andalucía, ha puesto de manifiesto graves disfunciones en los mecanismos de protección previstos por la ley. La víctima había pedido en septiembre una orden de protección al juez, que la denegó de acuerdo con la fiscalía y los informes recabados, entre ellos de la Guardia Civil. Mientras, ayer se extendía el pesar por la muerte de la mujer, Estefany María González Escarramán, dominicana de 26 años, a manos de su expareja, de 41.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó que la juez de instrucción nº2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) denegó la orden de protección que la joven planteó el pasado 17 de septiembre, cuando denunció a su exmarido por malos tratos. El auto de denegación se basaba en un informe de laGuardia Civil «de riesgo no apreciado», según el TSJA, así como las versiones contradictorias de la denunciante y su expareja y la ausencia de antecedentes penales de éste. El informe de la Benemérita motivó también que el ministerio fiscal también se opusiera a la orden de alejamiento. No consta que presentara denuncias anteriores, añade el TSJA.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado una investigación desde la Unidad de Violencia de Género para conocer por qué se denegó la orden y dijo que se analizarán los informes en que se basó la jueza.

Sanz llamó a «mejorar la protección de las víctimas» y a la «colaboración de todas las administraciones». Dos asuntos que siguen sin conseguirse a pesar de que se han firmado convenios para compartir información y se adoptan planes como los cursos para adiestrar a las fuerzas de seguridad y demás servicios públicos en contacto con las víctimas. Fuentes consultadas indicaron que la mayoría de las órdenes de protección solicitadas en la provincia de Sevilla se deniegan: en el primer trimestre de 2016 fueron 352 las incoadas, de las que sólo 136 se concedieron.

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Olivares, Carmen Mateos, confirmó que la joven había acudido a los servicios municipales a pedir ayuda en numerosas ocasiones. Desde el Ayuntamiento se le había ofrecido un piso de acogida, que ella rechazó.

Mateos, durante una concentración de repulsa a las puertas del Ayuntamiento, dijo que siempre se le atendió «con la mayor rapidez posible» y «elaborando informes aun cuando la justicia no estaba del todo de nuestra parte», y se preguntó «por qué se denegó la orden de alejamiento».

Estefany, dijo la delegada, sufrió lesiones por las que requirió asistencia hospitalaria hace un mes y entonces decidió denunciar y marcharse de su casa. Contó a los servicios sociales que su maltratador «sabía pegar sin dejar marcas» y que cuando se produjo la agresión en septiembre él mismo se autolesionó para argumentar ante el juzgado que las agresiones habían sido mutuas.

El presunto asesino, dominicano con doble nacionalidad, asestó una puñalada en el corazón con un cuchillo de cocina de 30 centímetros, según fuentes de la investigación que cita Efe, en presencia de sus dos hijos, de 3 y 5 años de edad, y en la puerta de la casa donde ella trabajaba cuidando a un enfermo. Los niños están en un centro de protección de menores, al no tener familia en España, mientras se intenta contactar con sus parientes en República Dominicana. El agresor pasará hoy a disposición judicial.