La jueza Núñez da carpetazo a la pieza política de los cursos de formación con críticas a la Guardia Civil

La jueza titular del número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha archivado la pieza política de los cursos de formación para el empleo financiados con fondos de la Junta de Andalucía que afectaba a 24 excargos de la administración autonómica, entre ellos altos funcionarios y políticos como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (procesado por el 'caso ERE'), ocho exdelegados de la misma área en las ocho provincias y directivos del Servicio Andaluz de Empleo. A todos ellos se les investigaba de delitos de prevaricación y malversación por varios supuestos y 16 de ellos fueron detenidos en una espectacular operación policial en marzo de 2015.

En un auto firmado ayer, la magistrada suscribe la tesis de la Fiscalía anticorrupción para sobreseer la instrucción y da un varapalo a la investigación iniciada por su antecesora, Mercedes Alaya, en marzo de 2014, sobre todo a las conclusiones de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por construir unas teorías «inverosímiles» y apuntar a delitos penales donde solo hay «posibles irregularidades administrativas».

Alaya arrancó su investigación a raíz del 'caso de los ERE', con el que quiso ver un paralelismo en la misma Consejería de Empleo de la Junta. Como en este caso,la Guardia Civil, a la que volvió a acudir para su investigación, se apoyó en el supuesto de que los responsables de la concesión, gestión, justificación y liquidación de las ayudas para cursos del Servicio Andaluz de Empleo y de las delegaciones provinciales actuaban de forma concertada para favorecer a empresas vinculadas con el PSOE, lo que podría tipificarse como delito de malversación de caudales públicos.

Clientelismo político

La jueza desmonta esta hipótesis del «clientelismo político» defendida también por el PP, acusación particular. Esgrime que para que fuera posible, no solo los delegados provinciales o cargos del SAE deberían estar conchabados, sino también los funcionarios que en su mesa resuelven el papeleo para la adjudicación de las ayudas. «La teoría parece poco probable por no decir inverosímil», dice la magistrada, quien incide en que no se «ha constatado la existencia de una red clientelar». «Que entre las mas de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el partido socialista no resulta significativo», apunta en el auto.

La magistrada acusa en este sentido de «falta de rigor» al PP por esgrimir un informe de las 39 empresas (entre ellas las del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda) como prueba del «clientelismo político». «Ese examen adolece de los requisitos básicos para ser tenido en consideración desde un punto de vista estadístico, carece del más mínimo rigor que se exigiría en una investigación al no realizarse una muestra de control para valorar cuantas empresa vinculadas a otros partidos políticos, incluido el PP-A, o, a otros sectores sociales, recibieron también subvenciones para formación».

Núñez recuerda que las ayudas recibidas por Ojeda (52,7 millones de euros) forman parte de otra pieza de investigación y aún demostrándose que hubo fraude por su parte, no implica prevaricación o malversación por la de los gestores de la administración pública.

La jueza también voltea la teoría de Alaya y de la UCO sobre las polémicas exoneraciones o exceptuaciones a las entidades, un procedimiento administrativo excepcional para conceder nuevas ayudas a empresas antes de que estas justifiquen las anteriores y que los consejeros de Empleo utilizaron de forma masiva. Según la UCO, era un instrumento más para beneficiar a la red clientelar.

Núñez recuerda que el procedimiento «no exonera al beneficiario de su obligación de justificar las subvenciones anteriores». También que fueron utilizadas «para resolver el problema del retraso en la comprobación de las subvenciones, impidiendo así que se paralizara las políticas activas de empleo que son los cursos». Aún en el caso de considerar el procedimiento nulo o ilegal y reprochando su uso, Núñez entiende, como la Fiscalía, que no puede «ser calificado de conducta delictiva alguna».

La magistrada hace un reproche más duro a la Guardia Civil cuando esta insiste en observar negligencia adrede en las justificaciones de las ayudas. «No todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están, el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación, el menoscabo de fondos públicos tampoco».

Aún añade: «Investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas cuando, como hechos objetivables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e intervención mínima del derecho penal».

El auto fue celebrado por el Gobierno andaluz, cuyo portavoz, Miguel Ángel Vázquez, exigió que el PP pidiera perdón a las personas investigadas. El PP anunció que lo recurrirá.

Caso ERE

Este carpetazo no fue el único ayer de la jueza Núñez. También archivó una pieza de los ERE por la ayuda de 1,3 millones de euros a Azucareras Reunidas de Jaén, basándose en que no hubo «intrusos» en el ERE de la empresa.

Se trata del primer archivo de la macrocausa de los ERE y puede dar un vuelco al caso. La jueza da a entender que solo habrá acusación contra los dirigentes políticos de ERE con intrusos.